La medida se tomó tras concluir que ha evadido el proceso judicial en el que está imputado por delitos de lesa humanidad en Mendoza.

Romano partió el pasado 24 hacia Chile, donde pidió asilo político, trámite que inició el 1 en Interpol y que el martes pasado comenzó formalmente cuando fue entrevistado en la Secretaría Técnica de la Comisión de Refugiados.

Tanto en Buenos Aires como en Santiago estuvieron ocupados con Romano, cuyo caso ya es conocido en ambos palacios presidenciales.

Según el diario Perfil, voceros del gobierno de Chile indicaron que la presidenta Cristina Kirchner y su par trasandino, Sebastián Piñera, tratarían el tema Romano en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, la semana que viene. Desde la Rosada no confirmaron el cónclave, pero dijeron que “la agenda aún no está cerrada”.

Mientras, en Mendoza, la expectativa de que el juez federal Walter Bento pida su captura internacional quedó trunca un día más, ya que el magistrado que tiene procesado a Romano aún no resolvió.

Por decisión unánime

El Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano que tiene la facultad de proponer la asunción y la remoción de los jueces federales, y que el 25 último suspendió a Romano, se reunió desde las 10 de ayer luego de ser convocado de urgencia. La reunión era de carácter extraordinario y con temario único: “La suspensión del cobro de haberes del juez Romano”. Tras el tratamiento de la situación del camarista federal, el Plenario del Consejo decidió.

“Por unanimidad del voto de los consejeros Mario Fera, Alejandro Fargosi, Alejandro Sánchez Freytes, Carlos Moreno, Eduardo Ordiales, Stella Maris Córdoba, Daniel Ostropolsky (de Mendoza), Mario Cimadevilla, Manuel Urriza, Marcelo Fuentes y Ada de Cappellini, el Plenario resolvió suspender el pago de haberes al doctor Otilio Roque Romano y dispuso que la medida tenga vigencia mientras su sustracción al sistema legal de la República Argentina se mantenga”, informó oficialmente el cuerpo.

La incógnita de los fueros

Sobre lo que no expresó el Plenario del Consejo fue sobre si el juez Romano continúa manteniendo los fueros, que por ser magistrado lo protegen de cualquier restricción de libertad por parte de la Justicia.

Una declaración del cuerpo en ese sentido hubiera sido clave para allanar el camino al juez federal Walter Bento a la hora de librar la captura.

La razón para especular que podía haber alguna declaración en ese sentido desde el Consejo es que ya hay un antecedente de un juez del Norte del país que fue sorprendido mientras exigía una coima haciendo valer su investidura, lo que provocó su detención sin que él pudiera protegerse en los fueros porque se consideró que con su conducta los había perdido.

En el caso de Romano, su maniobra para salir a Chile y pedir asilo es considerada como una conducta evasiva de la Justicia.

Pero además, esta semana, el miembro mendocino en el Consejo de la Magistratura Daniel Ostropolsky dijo por Radio Nihuil que “Romano ha perdido los fueros con la suspensión en el cargo”.

Sin embargo, el Consejo no se expresó y su postura riñe con la opinión extendida en los ámbitos del derecho de que los fueros sólo se pierden cuando un juez es destituido.

Primera entrevista de Romano

La Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado entrevistó por primera vez este martes al juez Romano tras la solicitud de éste de asilo político.

Así lo informó en sus páginas de ayer el diario El Mercurio de Chile, en una nota firmada por el periodista Mario Gálvez, quien confirma que “en estricta reserva (Romano) se presentó por la mañana”

Para el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza es un paso fundamental, ya que el trámite comenzó a caminar de hecho.

Además resultó como él quería: con absoluto bajo perfil y sin tener a los medios de comunicación pendientes en vivo de su situación.

La nota de El Mercurio explica que la Comisión tiene un plazo de ocho meses para sugerir la aceptación o no del pedido de asilo político.

Detalla que si a Romano se le concede el refugio político obtendrá el permiso de permanencia definitiva, quedando bajo la protección internacional del Estado de Chile.