El pasado viernes 17 de diciembre en la sala de reuniones del Consejo de la Magistratura porteño el clima estaba caldeado y no por el calor abrasador que castigaba las calles del centro. Es que a cinco horas de que se venciera el mandato de 6 de los nueve consejeros había que votar una serie de resoluciones demasiado significativas.

Se trató de un trámite complejo que motivó un cuarto intermedio de una hora y veinte y la reasunción provisoria del consejero Julio de Giovanni –que había renunciado el 23 de septiembre porque pasará a ocupar en el organismo un cargo muy bien pago-.

Como primer punto del día los consejeros analizaron una serie de nombramientos, pases a planta permanente, ascensos, remociones –por ejemplo, el jefe de sumarios- y creación de nuevas estructuras y disolución de otras.

Este abultado movimiento administrativo, conocido internamente como “paquete”, suele ser habitual en los organismos colegiados cuando finaliza una conducción que busca así otorgarle estabilidad a gente que venía cumpliendo funciones, sin el cargo correspondiente. Y siempre está envuelto en polémica y las sospechas de los recién llegados, que sienten que los salientes les dejan el organismo “copado”.

Como sea, se votó a libro cerrado y se dispuso que en aquellos casos que los cargos creados no estaba cubiertos los propios consejeros definan en el futuro quienes los ocupan, así como de que manera se solventan.

La polémica por el edificio

Luego se trató el tema más urticante, esto es la compra de un inmueble, que a todas luces necesita el Consejo, que ahora tiene que trabajar hacinado en un desvencijado edificio de la avenida Alem, ubicado al lado del Ministerio de Trabajo.

En la sesión se optó por convalidar la compra del único edificio propuesto, un inmueble ubicado en Lavalle 369, que tenía el inconveniente de costar un 21% más de lo que fijaba la tasación del Banco Ciudad. Se aprobó la compra y la reasignación de partidas necesarias.

El único consejero que se abstuvo de los 9 presentes fue el macrista Devoto. Votaron los consejeros peronistas, radicales y los de centroizquierda que suelen estar alineados con las posturas del juez Gallardo.

El edificio presentaba un problema adicional, al parecer en su interior funcionaría un call center del Banco Patagonia y no está del todo claro si tiene un comodato vigente para mantener esa dependencia.

Como sea, según se explicó en la sesión la idea era tomar el inmueble y construirle entre 6.000 y 8.000 metros cuadrados extras. Una obra que se estima rondará entre los 8 y los 10 millones de dólares.

La operación motivó una denuncia penal de Proyecto Sur.

La explicación oficial

Fuentes del Consejo de la Magistratura porteño explicaron a La Política Online que para comparar el inmueble se abrió un expediente público y se dispuso la publicación en tres diarios de tirada nacional del requerimiento.

“Se comenzó la búsqueda en septiembre y se exigía un mínimo de 800 metros cuadrados ubicado en el centro. Se presentaron seis inmuebles. Dos de ellos fuera del radio geográfico, uno que posteriormente se retiró de la venta, otro desechado por su costo (u$s 9.800.000) y otro desechado porque no pasó los dictámenes de los arquitectos del Consejo”, explicaron las fuentes.

“De manera que sólo quedó el de la calle Lavalle y se analizó su compra aunque excedía la tasación del Banco Ciudad, en base al informe de la Dirección de Infraestructura, que omitió la tasación del Ciudad”, agregaron.

“El informe reveló que el edificio tiene 2.000 metros utilizables y de acuerdo a su FOT se le pueden construir otros 6.000 metros, lo que sumado al valor de equipamiento y bienes muebles incluidos, justificaba la operación”, subrayaron las fuentes.

Y agregaron que el inmueble se pagó u$s 3.750.000 cuando el valor VIR (un índice que elabora el Gobierno de la Ciudad para transparentas las operaciones inmobiliarias), lo fijaba en u$s 3.416.005.

Por último las fuentes señalaron que en la operación “no intervinieron inmobiliarias ni se pagaron comisiones de ningún tipo, con el consecuente ahorro de gastos”.

Apuntaron además que hoy el Poder Judicial de la Ciudad alquila numerosos edificios, mientras que la compra implica “pasar de un gasto a una inversión” y además “se hizo la operación en base a fondos propios que de otra manera hubieran quedado subejecutados, una práctica muy cuestionada institucionalmente”.