Los gravísimos hechos que siguen sucediéndose en este ámbito parecieran no conmover la responsabilidad institucional de quienes en los hechos son empanada de relleno de un sistema manejado a control remoto desde la llamada mayoría automática, que impone discrecionalmente sus designios frente a la indiferencia de los demás integrantes. Algo podrido hay en Dinamarca.

Hace tiempo, mucho tiempo que hay concursos que no se llaman ni se encausan sin que nadie explique qué pasa. Hay un fiscal sustituto, como el de Saladas, que hace cinco años está en el cargo, sin que se provean los mecanismos para la designación de un funcionario constitucional. La vacante dejada por el fiscal Smith hace dos años tampoco ha sido cubierta, ni siquiera por un sustituto. Existe una curiosa subrogancia que recarga sin sentido la tarea de los otros fiscales.

El caso de la vacante dejada por el hoy ministro Alejandro Chaín también está en el tapete, y quizás de un paneo investigativo puedan surgir muchas más cosas irregulares que para el Superior no lo son, al punto que hasta hoy no ha dado una respuesta institucional al bochorno mayúsculo que importó imponer fiscales truchos en Paso de los Libres, y cuya situación no se saneó con la designación de dos titulares, porque los hechos existieron y alguien debe reponer por las responsabilidades.

La impunidad sin límites que rodea el funcionamiento de la cúpula tribunalicia, que ahora podría reconocer límites con la injerencia de la Justicia federal para desempolvar expedientes cajoneados por Carlos Rubín, en lo que se habla de delitos de lesa humanidad, ha hecho que en los últimos días también en Paso de los Libres haya estado otro escándalo quizás aun más grave que el de los fiscales truchos. Estos estaban, al decir de Rubín, flojos de papeles. Ahora se habla de un funcionario que directamente no tiene papeles, y actúa tanto como secretario y como defensor en una contradicción propia del unicato que aun existe por la demora en la implementación de la división del Ministerio Público.

Lo cierto es que el Consejo parece mirar para el costado. Obvia aquello de que los concursos deben llamarse dentro de los treinta días, y elude la disposición de que al Ejecutivo deben elevarse ternas, aun en los casos en que hay más de un cargo. El último caso del juez de Saladas dejó al descubierto la perversa práctica que desembozadamente viene aplicando al no establecer un orden natural de tratamiento de las denuncias, procediendo con una discrecionalidad que esconde el deliberado propósito de apretar a algunos y dejar con la espada de Damocles a otros.

Responsable de esta gravísima anomalía la secretaria del cuerpo, Silvia Esperanza, quien si bien tiró la toalla en el ámbito del Jury, por la incompatibilidad que tiene para desempeñar el cargo, sigue haciendo y deshaciendo en el Consejo de la Magistratura con un Rubín, cuya notoria incapacidad física comienza a manifestarse en menoscabo del cumplimiento de sus responsabilidades institucionales, al punto que es un secreto a voces que la administración del poder, contratos, obras, promociones y demás siguen un circuito que conforma un selecto grupo de funcionarios que son quienes hacen y deshacen mientras Rubín muchas veces se limita a firmar.

El caso de la doctora Esperanza es un caso límite. Ella y sólo ella está en condiciones de identificar a los postulantes que rinden examen. Ello conspira contra la transparencia y pone en la mira la corrección de los exámenes, aunque no es sólo ello lo que bastardea el proceso. Una norma interna del Consejo, absolutamente distinta a la del Consejo de la Magistratura nacional, posibilita que los coloquios se hagan bajo la mayor clandestinidad sin posibilidad para los concursantes de ver a posteriori sus exámenes y el de los demás postulantes. No hay soportes magnéticos, y las preguntas son de acuerdo a la cara del cliente, muchas veces de una impertinencia propia de bodegones más que de un Superior Tribunal.

En otras jurisdicciones, denuncias de esta naturaleza obligarían a respuestas puntuales. No es lo que ocurre en Corrientes, donde pareciera válido aquello de que donde todos hieden nadie percibe lo nauseando. Nadie se siente tocado, nadie se siente alcanzado y obligado a dar respuestas a hechos puntuales que se precisan con el ánimo constructivo de comenzar un proceso de cambio que muestre cabalmente que los correntinos son capaces de encontrar los remedios locales, sin necesidad de apelar a decisiones extremas que a la luz de los hechos cada vez parecen como más inevitables.