A las 18 de hoy, el Consejo Federal de Justicia (Cofejus) dará inicio a sus sesiones en Santiago del Estero para analizar, consensuar e implementar políticas judiciales y de seguridad en todo el país. El acto de apertura estará encabezado por el gobernador, Gerardo Zamora, y por el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak.
Acerca de la trascendencia del encuentro de hoy, el titular de Justicia de la provincia, Ricardo Daives, expuso que el Cofejus es una "forma válida de federalismo concreto, con posibilidades operativas ciertas y capacidad de disposición horizontal".
"Más allá de las realidades provinciales, existe una realidad nacional que acepta políticas comunes que refuercen la institucionalidad con criterios de integración, facilite el intercambio de bienes y servicios en todo el territorio nacional y unifique políticas activas", apuntó.
El funcionario insistió en que se haya elegido como sede del Cofejus a la provincia es un reconocimiento al gobierno santiagueño porque desarrolló "programas de gestión en materia judicial que son ejemplares a nivel nacional, no necesariamente por su originalidad en lo doctrinario, más sí por haber sido el resultado de una lógica nueva, de un cambio sistémico o, como se dice comúnmente, de paradigmas, que comenzamos a diseñar con el gobernador Zamora cuando inició su primer mandato en el 2005".
Inauguración
En tanto, mañana, el gobernador Zamora, acompañado por el ministro Alak, inaugurará la ampliación del Palacio de Tribunales que extenderá su funcionamiento a una nueva superficie cubierta de 10.000 metros cuadrados, distribuida en cinco pisos y un subsuelo, además de un helipuerto.
El diseño del edificio responde a una organización espacial tendiente a eliminar locales superfluos y sobredimensionados, con una modulación y repetición de elementos constructivos y unidades espaciales, para beneficio técnico y operativo, utilizando materiales y sistemas que permitan una adecuada conservación, menos costo de mantenimiento, y mayor vida útil y fácil reparación. La obra fue ejecutada por el gobierno de la provincia, a través del Ministerio Justicia, con un presupuesto que superó los 30 millones de pesos.


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