Amato había revelado, a principios de mes, que a más de cinco años de iniciada la construcción del megaestadio, el Consejo aún no había visado los planos y que era un requisito indispensable, más allá de aceptar que a veces con el Estado se es "un poco más flexible" porque suele tratase de construcciones iniciadas.

Ahora el presidente de la institución reiteró que "la documentación fue presentada y se hicieron observaciones, pero esas observaciones del Consejo todavía no fueron respondidas; por eso el visado no está". Y remarcó. "El visado es una obligación. Acá hay una confusión. Todas las obras tienen que tener el visado, la única diferencia es que cuando es realizada por el Estado, el matriculado no efectúa los aportes profesionales. Porque, aunque el Consejo no tenga el poder de policía sobre las obras, sí lo tiene sobre sus matriculados. Entonces lo que debemos constatar es que (los firmantes de los planos) estén matriculados".

Las palabras de Amato están en la vereda de enfrente de las de la Municipalidad, que durante la gestión del ex intendente Néstor Alcala, en 2006, le dio vía libre a la construcción del megaestadio -a cargo de la empresa Inarco- a pesar de que los planos nunca tuvieron el visado y a que inspectores comunales paralizaron los trabajos porque tampoco tenía autorización municipal.

¿Cómo se destrabó la situación? Si bien un primer plano fue firmado por personal contratado por Inarco (el arquitecto Gustavo Sánchez como proyectista, el ingeniero civil de General Pico, Hugo René Ceresole, como calculista, y Arnaldo Daniel Rodríguez, como director técnico), luego en el expediente municipal apareció un segundo plano con Ameglio firmando en la triple condición de proyectista, calculista y director técnico, a pesar de que no habría hecho ninguno de esos tres trabajos.

El cambio de firmas le dio pie al entonces asesor jurídico del municipal, Andrés Olié (actual defensor en el Poder Judicial), para un día después emitir un dictamen en el que expresó que como la responsabilidad del proyecto había pasado de "un profesional dependiente de la firma constructora" al Estado provincial, ya no se requería el visado del Consejo Profesional.

Un año de espera.

A raíz de esa actitud de Ameglio, de firmar como calculista "trucho", un asociado al Consejo pidió por nota hace un año que se le de vista al Tribunal de Etica para que "evalúe la conducta del ingeniero quien, siendo funcionario (director de Inspecciones), firmó (el 29 de noviembre de 2006) la documentación como calculista, cuando sabía que los responsables de los cálculos no pertenecían al Estado provincial. No obstante, con su firma, logró obviar el trámite del visado obligatorio por parte del Consejo Profesional".

También requirió que se le informe si Ceresole y otros dos calculista, Eduardo Piehl y Alejandro Almeijeiras, "realizaron los aportes correspondientes por sus trabajos y si cumplieron con el requisito de la matriculación". En la página web del Consejo puede leerse la lista 2011 de matriculados del Consejo y figura Ceresole, pero no los otros dos profesionales.

Cuando la comisión directiva recibió la nota del asociado el 11 de marzo del año pasado, a los 20 días la giró al Tribunal de Etica y desde ese momento permanece allí bajo investigación.

Ese organismo está presidido por el arquitecto de General Pico, Ricardo Deballi, actual director general de Espacios Públicos de esa comuna, quien se excusó de intervenir porque en los años '90 fue socio de Ameglio. También dio un paso al costado la ingeniera suplente, Graciela Antenucci.

Por lo tanto, los cuatro integrantes que definirán si Ameglio incurrió en una conducta antiética son el arquitecto Jorge Miguel González, el ingeniero Eduardo Andreoli y los maestros mayores de obras, Juan Luis Lillan y Gerardo Ferrero. El propio Tribunal informó la semana pasada que no sólo se investiga al ex director de Inspecciones, sino también a Ceresole, Piehl, Almeijeiras y "otros" profesionales que no fueron identificados.

En la Justicia no hay nada

Parece mentira que con todas las irregularidades que se han denunciado, e incluso algunas que están comprobadas, a lo largo de estos años, ningún fiscal haya impulsado una investigación penal sobre el megaestadio. Solamente hay abierta una investigación administrativa en la Fiscalía de Investigaciones -promovida por diputados del Frepam- y una demanda contencioso-administrativa de una arquitecta por la autoría del proyecto original.