En medio de la polémica por el pedido de inconstitucionalidad a la designación de los jueces Rolando Toledo, Ramón Avalos y Ricardo Franco, integrantes del Superior Tribunal de Justicia, solicitado por el Poder Ejecutivo, y las intenciones del gobierno provincial de avanzar en un proyecto de ley para la reforma judicial, el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción presentó una acción judicial para que la Justicia inste al Poder Legislativo a que se avoque a sancionar la ley reglamentaria del concurso público de antecedentes y oposición para la designación de todos los jueces que integran el Poder Judicial, incluido los miembros que componen el Superior Tribunal de Justicia. Así lo informó ayer, en conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Abogados de la Primera Circunscripción, José Sánchez.

«Es un día trascendental para nosotros por la acción judicial que encaramos. El Consejo reiteradamente ha sostenido la posición de que los artículos 158 y 167 de la Constitución Provincial en cuanto trataban el concurso de antecedentes y oposición para los jueces también debía incluir a los magistrados del Superior Tribunal de Justicia, como así también hemos sostenido abiertamente que la exclusión del concurso de antecedentes y oposición de los jueces del STJ era inconstitucional», explicó el abogado.

MANDAMIENTO

DE EJECUCIoN

La acción judicial presentada por el Consejo de Abogados y Procuradores se realizó mediante mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 25 de la Constitución del Chaco y que tendrá por objeto que la sentencia que se dicte disponga ordenar al Poder Legislativo que en el plazo perentorio proceda a reglamentar el concurso público de antecedentes y oposición respecto de los jueces del STJ y el procurador general respetando las pautas fijadas.

«Con esta acción, nosotros estamos pidiendo que el Superior Tribunal de Justicia promueva una resolución y que envíe a la Cámara de Diputados para que sancione una ley que reglamente el concurso público de antecedentes y oposición de todos los jueces porque creemos que con la reglamentación que se dicte quedará saldada la profunda discusión que se ha generado en la sociedad acerca de la constitucionalidad o no de las designaciones de los magistrados», dijo Sánchez, aclarando que «con esta acción judicial promovemos y pretendemos el respeto a las leyes y la soberanía constitucional».