Hace un año, los transeúntes de la esquina porteña de Sarmiento y San Martín ni se imaginaban que ese infierno de casas de cambio se degradaría en apenas 12 meses a un lúgubre rincón con algunos locales vacíos y otros pocos con una reducida actividad lindante con el surrealismo, ofreciendo dólares y euros a nadie y publicitando en sus pizarras electrónicas cotizaciones de operaciones que no se harán.

Ese es el resultado más visible, pero no el único, de lo que popularmente se dio en llamar cepo cambiario, una denominación objetada por la presidenta Cristina Fernández, para quien se trata solo de un título mediático, como señaló en Harvard, 11 meses después del primer anuncio de las restricciones al mercado de cambios.

La primera de las restricciones del cepo se hizo efectiva el lunes 31 de octubre de 2011, ocho días después del triunfo electoral que permitió la reelección de Fernández, secundada en esa oportunidad por quien fuera su ministro de Economía, Amado Boudou.

Fue precisamente el jefe del Palacio de Hacienda el encargado de anunciar el viernes 28 la resolución 3210 que, además de las restricciones, incluía una novedad en la historia argentina del mercado de cambios, como fue la incorporación de la AFIP en un terreno que hasta entonces era exclusivo del Banco Central, algo que dio y sigue dando material a juzgados de todo el país. Boudou intentó calmar a los interesados: “todos los argentinos pueden comprar dólares y lo seguirán haciendo. Si nos preocupara la situación tomaríamos otras medidas”, indicó. La realidad subyacente de la medida era una fuga de capitales de U$S 2.000 millones mensuales, promedio que casi se duplicó en ese octubre de 2011. Si bien la fuga no era una novedad, el dato preocupante era que el ingreso de divisas por exportaciones ya no alcanzaba para neutralizarla y que el país se preparaba para un 2012 de vencimientos de deuda.

Ese lunes inicial los bancos dejaron de ofrecer dólares por banca telefónica, internet y cajeros automáticos; en las casas de cambio, en especial las del interior, cundía el desconcierto y la consabida caída del sistema que impedía concretar operaciones por no contarse con la validación de la AFIP. En algunas, la atención diferenciada a quienes venían de parte de fulano hacía crecer las operaciones paralelas.

Lo que parecía ser un simple trámite para transparentar las operaciones, pasó a ser la prohibición lisa y llana de adquirir moneda extranjera para ahorro, pero también se tornó mucho más complicada la adquisición de divisas para viajes y turismo, para la compraventa de inmuebles y hasta para la ayuda de familiares en el exterior. Los retiros de moneda extranjera con tarjetas de débito locales desde cajeros automáticos del exterior, pasaron a ser efectuados con débito a cuentas locales del cliente en moneda extranjera y a las operaciones con tarjeta de crédito se les aplicó un recargo del 15%, deducible de Ganancias o Bienes Personales. Esos requisitos intentaban disimular la inocultable subvaluación del dólar oficial, cuya brecha con el paralelo oscilaba entre el 30% y 40%.

Los efectos del cepo excedieron al cierre de las casas de cambio. Los depósitos en dólares cayeron casi el 46% en 12 meses, la actividad de la construcción cayó un 8 por ciento y la del mercado inmobiliario se redujo a su mínima expresión. La restricción impidió además a Chaco y Formosa obtener dólares, que debieron pesificar compromisos en moneda estadounidense.