El tribunal integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros dará a conocer esta tarde la parte de resolutiva del fallo con el resultado de lo que han sido nueve meses de debate oral –los fundamentos se conocerán recién en febrero de 2013, tras la feria judicial–, después de escuchar a casi doscientos testigos y recorrer los sitios donde estuvieron cautivas 29 víctimas.

Previo a la lectura de la sentencia, los represores tendrán la posibilidad de dar sus últimas palabras, por lo que estarán en la sala el ex jefe del Regimiento de Concordia, Naldo Miguel Dasso; el ex jefe del Regimiento de Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino; quien fuera jefe de sección en esa unidad militar Santiago Kelly del Moral; el ex jefe de la División de Operaciones y Seguridad de la Policía de Gualeguaychú, Juan Carlos Mondragón; y los policías federales Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez. Respecto del otro imputado, Marcelo Alfredo Pérez; ex jefe Departamental de Policía de Gualeguaychú, su defensa presentó un escrito pidiendo que se lo exima de este acto, ya que se encuentra internado por problemas de salud.

Mientras tanto, frente al edificio de la Cámara Federal de Apelaciones, se montará un escenario para un festival popular que contará con la presencia de artistas como Acólitos Anónimos e Ignacio Copani, entre otros.

Asimismo, organismos de derechos humanos, familiares y víctimas de Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, como también del resto de la provincia, se movilizarán hasta la capital provincial para participar del acto por el cierre de este histórico proceso judicial que juzgó los crímenes de la dictadura.

En tanto, en Concepción del Uruguay, también habrá un acto, ya que un grupo de militantes presenciará por videoconferencia la lectura de la sentencia desde el Juzgado Federal y luego realizará una movilización hasta la delegación de la Policía Federal, que fue un centro clandestino de detención en el que estuvieron secuestrados estudiantes secundarios, militantes políticos, sociales y gremiales en julio de 1976.

En las semanas previas, los querellantes y fiscales solicitaron condenas para todos los imputados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, aplicación de torturas y los homicidios de Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma Beatriz González y Oscar Dezorzi, que aun permanecen desaparecidos. Además, los represores fueron acusados de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de opositores políticos.

Por ese motivo, se pidieron la condena a reclusión perpetua para Dasso y Valentino y penas de entre 12 y 25 años de prisión para el resto de los imputados. Los fiscales solicitaron que las condenas se cumplan en cárcel común y los querellantes reclamaron al tribunal que admita que los crímenes se cometieron en el marco de un genocidio. En tanto, los defensores pidieron la absolución de todos ellos.

Otro aspecto que a resolver es la situación de Ramón Genaro Díaz Bessone. El ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército fue apartado del proceso por cuestiones de salud luego de las primeras audiencias, pero esa decisión fue revisada y el represor fue estudios físicos y psíquicos por parte de peritos del Cuerpo Médico Forense. Sin embargo, el tribunal nunca se expidió al respecto.