La iniciativa de Pais garantiza la participación de las ONG ambientalistas y representantes de los pueblos originarios en los proyectos mineros, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación con los pueblos originarios, en la etapa de auditorías e inspección de los proyectos mineros.

El proyecto prevé que las ONG y sus representantes podrán actuar como auxiliares de inspección, es decir los equipara a funcionarios públicos para que puedan participar en las inspecciones y de ese modo garantizar el más estricto y profundo control.

“Estos actores, debidamente registrados ante la autoridad de aplicación, podrán peticionar ante ella las inspecciones que estimaren pertinentes; y también podrán expresar observaciones, opiniones y sugerencias antes que se adopten decisiones sobre planes mineros, garantizando con ello una mayor transparencia y eficiencia en el control de la actividad”, dijo Pais.

La iniciativa del legislador chubutense introduce importantes modificaciones en el marco legal que regula el cuidado del ecosistema en relación a la actividad minera. “La explotación minera no sólo alude al plano económico sino, y sobre todo, al plano socio-ambiental, lo cual implica respetar el desarrollo sustentable”, sostuvo.

“Es importante y necesaria una mayor participación directa del pueblo, facilitar el libre acceso a la información ambiental y fundamentalmente hacer hincapié en el control coadyuvante de los grupos interesados en la materia, para así mejorar los necesarios y permanentes controles estatales y ciudadanos en una actividad que tiene la potencialidad de degradar el ambiente”, afirmó.

Por otra parte, la iniciativa legislativa impone nuevos requisitos al Informe de Impacto Ambiental que los titulares de derechos mineros deben presentar en cualquier etapa, aún en la exploración y prospección, entre los que se destacan un inventario ambiental en el que figuren un detalle del hábitat, suelos, flora, fauna, geoquímica de la zona, aguas de superficie y subterráneas, extensión y morfología de la cuenca de drenaje.

Al mismo tiempo, el informe deberá contener el tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo de impacto ambiental que las mismas pudieran acarrear, especificando un detalle acabado de las medidas protectoras y de remediación ambiental previstas, y para la etapa de explotación específicamente se requiere el detalle del impacto social y un plan de manejo ambiental y de uso final del terreno, que incluya los planes de monitoreo, cierre y abandono de la explotación y de monitoreo post-cierre, si correspondiere.