En la Cámara de Diputados de la Nación se presentaron proyectos para que se intervenga la provincia de Santa Cruz; uno es impulsado por la bancada de la Unión Cívica Radical. Esta iniciativa se destaca por sí sola puesto que en Corrientes el debate pasa por una similar posibilidad para el Poder Judicial, cuestión que provocó particularmente la posición contraria de los radicales locales, con un discurso que está en notable contraposición del que pregonan los del Congreso.

Lo cierto es que en la Cámara baja nacional ingresó un proyecto impulsado por Gil Lavedra, Oscar Aguad, Juan Tunessi, Elsa Álvarez y Eduardo Costa (ambos de Santa Cruz), Mario Barbieri, Ulises Forte, Pablo Orsolini y Hipólito Faustinelli, entre otros correligionarios.

También están las propuestas legislativas de la diputada del PRO, Laura Alonso; del GEN, con Margarita Stolbizer a la cabeza, y del denominado peronismo federal, que persiguen la finalidad de que se intervenga la provincia sureña.

En las consideraciones del primero de los proyectos se indica la necesidad para que, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2010, se concrete la remoción del cargo al actual agente fiscal de Santa Cruz, Claudio Espinosa y se reponga en esas funciones a Eduardo Sosa.

Para ello se solicita la especial colaboración de las autoridades provinciales, en pos de que se cumpla con la Ley.

En el proyecto del PRO se pide la medida por 90 días para garantizar la forma republicana de gobierno, estableciendo la posibilidad de que el Ejecutivo nacional designe un interventor y se disponga la inmediata caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo y de los miembros del Legislativo, y que se declare en comisión a los miembros del Judicial.

Desde el GEN, los diputados Margarita Stolbizer y Gerardo Milman remarcan en el articulado que se declare la Intervención Federal en su Poder Ejecutivo con el objeto de proceder a garantizar la forma republicana de gobierno y que se designe al interventor con acuerdo del Senado, disponiendo la inmediata caducidad de los mandatos del Gobernador y Vicegobernador.

Los representantes del llamado peronismo federal también proponen la medida coincidiendo en el objetivo clave de cada uno de los proyectos presentados, "para asegurar la normalización y pleno funcionamiento de los poderes provinciales".

En Corrientes, más allá de que las diferencias del caso son notorias, el objetivo es el mismo, ya que desde hace tiempo se viene recalcando la delicada situación por la que atraviesa el servicio de justicia local, donde la cúpula tribunalicia se las arregla para quedar siempre en la picota pública, ya sea con decisiones institucionales polémicas o con accionares de sus referentes que rayan la irrespetuosidad sobre el sistema de balanza de poder que impera en las democracias.

En definitiva, el proyecto que pide para Corrientes una intervención federal de su Poder Judicial no es el único en el Congreso, y el remedio federal no es sólo un menester de un sector, ya que tanto oficialismo como oposición acuden a él para mejorar situaciones que se van de los carriles constitucionales.