Unas 35 fojas tiene ya el borrador del proyecto de intervención al Poder Judicial de Corrientes, que ingresaría al Congreso antes de fin de mes, y avanzaría con impulso del kirchnerismo. La iniciativa que prospera en el Senado, tendría su réplica en Diputados, aunque también se menciona la posibilidad de que exista un decreto presidencial con igual fin.

“Está el borrador pero aún hay que revisar”, dijo a El Litoral el senador nacional José María Roldán, quien ofició ayer de vocero de la “movida” que el propio gobernador Ricardo Colombi hizo pública durante la mañana.

La semana que viene se presentaría el proyecto, según adelantó el legislador. “Antes de fin de mes seguro”, precisó. Es que termina el periodo ordinario de sesiones y se acortan los plazos legislativos.

Las “irregularidades y desmanejos que no dan garantías de una Justicia independiente”, serían, en resumen, el argumento de la iniciativa.

“Tengo el apoyo del bloque del Frente para la Victoria”, aseguró Roldán y basó las garantías en las conversaciones que mantuvo con el senador K, Miguel Angel Pichetto.

Es que la seguridad de que el proyecto avance tiene una relación directamente proporcional con la mayoría numérica que el kirchnerismo ostenta en el Congreso.

“Y en un proyecto similar está trabajando (Fabián) Ríos”, agregó el senador y adelantó así que también se avanzaría en Diputados. El Litoral intentó comunicarse con el diputado pero nadie atendió el teléfono.

“Con Pichetto tenemos los votos de todo el bloque”, remarcó Roldán. Pero el apoyo K que garantiza no fue confirmado por legisladores del Frente para la Victoria.

“No descarto nada, pero ese no fue un tema de agenda del bloque”, dijo la diputada nacional del FPV, Araceli Ferreyra, que respondió a El Litoral desde Cádiz (España) donde participa de la Asamblea EuroLat.

La legisladora aseguró que en el bloque “existe preocupación por el funcionamiento de la Justicia en Corrientes”, pero valora la posibilidad de “apostar a los mecanismos institucionales” para resolver las anomalías que existieran.

Pero “acá lo que importa es la decisión política”, insistió Roldán y aseguró haberse reunido incluso con el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, por lo tanto, entiende que la presidenta Cristina Fernández está al tanto y dio su aval.

Así, se cuenta con la firma de todos los legisladores K, además de otros de partidos provinciales. De Corrientes en tanto, también apoyará la senadora Josefina Meabe de Mathó quien también se habría ocupado de conseguir más apoyo.

El otro senador nacional, Eugenio “Nito” Artaza, no tiene previsto firmar. “Si hubiera anomalías en la Justicia de Corrientes, hay mecanismos institucionales para resolverlas”, dijo a El Litoral y aseguró no estar de acuerdo con la intención que “va a terminar beneficiando políticamente a alguien”.

Pero aún sabiendo las diferencias de Nito con Colombi, los impulsores del proyecto no tienen previsto ponerlo en esa “incomodidad política”.

Sin embargo, los anuncios de avance del proyecto no resultaron creíbles para algunos legisladores del radicalismo. “Está muy lejos de la realidad”, respondió el diputado nacional por Corrientes, Agustín Portela (UCR).

Si bien aseguró que prefiere no hablar sobre supuestos y esperar hechos concretos, consideró que “es un globo de ensayo”.

“Pero estamos a tiempo de encarrilar las cosas”, dijo Roldán, y abrió una rendija.

El último antecedente de intervención al Poder Judicial de la provincia data de 1992; pero se dio tras la intervención del Ejecutivo que luego avanzó con la Justicia.

Los pasos legales y los

tiempos parlamentarios

La posibilidad de que el Congreso de la Nación avance con la intervención de uno o todos los poderes del Estado, está contemplada en la Constitución Nacional, pero antes debe estar en la voluntad y decisión política. Así, hay pasos legales y tiempos parlamentarios que cumplir. Pero se entremezclan casi decisivamente con las definiciones partidarias.

Según contempla la Carta Magna, a partir de la reforma de 1994, se puede intervenir uno o más poderes del Estado con una ley sancionada por el Congreso de la Nación o por medio de un decreto presidencial. En el caso de avanzar con una iniciativa parlamentaria, se necesita el voto de la mitad más uno (mayoría absoluta) de los legisladores presentes (en la sesión) para su aprobación.

Hasta ahí, el trámite resultará fácil para el kirchnerismo que si quiere lograr la ley, solo necesita aplicar los números con los que cuenta en el Congreso. El problema allí (para los impulsores de la iniciativa) serían los tiempos. Es que la intención es presentar el o los proyectos antes de fin de mes, justo cuando termine el periodo ordinario de sesiones. Los plazos, entonces, no darán para completar los trámites parlamentarios correspondientes.

El problema ahora (para la institucionalidad de Corrientes) será entonces que prime la voluntad política, que aseguran existe. Es que si quiere, el kirchnerismo puede lograr un tratamiento del proyecto sobre tablas. Aunque necesitará entonces dos tercios, podrá hacer uso de la mayoría que ostenta.

O también, con el proyecto ingresado antes de finalizar el periodo ordinario, la presidenta Cristina Fernández está habilitada a avanzar con la intervención por medio de un decreto. “A cargo de que convoque a extraordinarias para que el Congreso apruebe o no”, aclara el abogado constitucionalista, Mario Midón, ante la consulta de El Litoral.

No obstante, la primera mandataria, puede avanzar con un decreto en este sentido, con o sin iniciativa parlamentaria.