La legisladora del FAP sostuvo que se tiene que potenciar el control de las industrias tucumanas.
En diálogo con EL LIBERAL juzgó que la contaminación de la cuenca del Salí-Dulce y otras tantas que atraviesan varias jurisdicciones “sólo son visibles a partir de las denuncias de los vecinos, que casi siempre deben recurrir a la Justicia ya que consideran agotadas o inexistentes las vías institucionales de control”. Donda está al tanto de lo que padecen los santiagueños y tucumanos: no hace mucho tomó contacto la ex concejala de Las Termas, Ana Loto, querellante en la causa que lleva adelante el fiscal general federal Antonio Gómez contra Minera La Alumbrera: “Estamos al tanto, en los próximos días van a hacer una presentación en la Corte Interamericana por las demoras en la resolución”.
Dijo que en los casos de cuencas compartidas, los distintos gobiernos “deben entender que tienen una responsabilidad política” con estos hechos de contaminación y destacó el fallo de la Corte Suprema por el caso del Matanza Riachuelo, donde le ordena al Ejecutivo por encima de las jurisdicciones locales y en coordinación con ellas, una serie de acciones.
Sostuvo que el gobierno nacional no debiera ser cómplice de los gobiernos locales sino “pensar políticas y equipos de trabajo y financiamiento comunes para estos casos de contaminación de cuencas, para no cometer los mismos errores, potenciar el control de las industrias, y viabilizar la participación de las comunidades afectadas en la solución de los problemas y en el control de las acciones”. l

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