No será un camino fácil para desandar, la resolución final de la controversia judicial por el Caso Sosa, que ya lleva 15 años. Ayer –tras el pedido de la Corte Suprema de hacer cumplir el fallo de octubre de 2009- inició formalmente el análisis en el Congreso de la Nación.

Fue en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja donde se comenzó a hablar del tema, que tiene dos posturas bien marcadas: por un lado, la oposición, que con distintos matices pide la restitución del ex procurador; y por otro, el oficialismo, que pide rechazar la resolución del Alto Tribunal del país.

Fallo “ilegítimo”

Si bien la postura de la oposición no se aleja de hacer cumplir el pedido de la Corte, se buscarán fórmulas de consenso para tratar de darle una salida al incumplimiento, por parte de la Provincia, de reponer al ex procurador Sosa. El oficialismo se opone a la intromisión del Congreso.

Las posiciones de ambos bandos, opositores y oficialistas, quedaron nítidamente marcados a través de las consideraciones vertidas en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El diputado Jorge Landau, del Frente para la Victoria, rechazó las iniciativas que impulsan la intervención federal "por tratarse de una interferencia al derecho público provincial y por no encuadrarse dentro de los artículos 5to y 6to de la Constitución".

Entre otras apreciaciones, el Diputado adujo que "Eduardo Sosa ha sido oportunamente indemnizado y cobra los beneficios de la jubilación. No resulta pertinente de ninguna manera, remarcó Landau, el pedido de intervención como lo solicita la Corte". A su vez Jorge Yoma rechazó el fallo de la Corte por ilegítimo, contradictorio y, agregó, que responde a la relación política que tenga con el gobierno de turno". El Diputado riojano comparó este caso con algo similar que ocurrió en 2001 en oportunidad que el entonces gobernador de La Rioja, cesantéo a cuatro jueves de la Corte provincial.

Estado de derecho

Por otra parte, Margarita Stolbizer del GEN, rechazó de plano el proyecto del oficialismo que propone que el Cuerpo manifieste su preocupación por el fallo de la Corte. "Estamos ante un ataque al reconocimiento del estado de derecho", señaló la Diputada bonaerense, "nadie quiere intervenir una provincia, busquemos un acercamiento para tratar de encontrar un punto de confluencia para solucionar esta situación", subrayó, a la vez que puntualizó que "este Poder Legislativo debe asumir un estado de madurez".

Antes de finalizar la reunión, se acordó que la Comisión elaborará en base a las propuestas presentadas un plan de trabajo que será dado a conocer oportunamente. Está previsto que se invite a constitucionalistas, al afectado Eduardo Sosa y hasta se considere hacerla extensiva, también, al mismísimo gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.

Uno sí, el otro no

A todo esto, tras conocerse el pedido que podrían formalizar los diputados de la Nación a los principales protagonistas de esta controversia, el Dr. Sosa y el gobernador Peralta, ayer, en una breve comunicación telefónica el ex Procurador general de Santa Cruz le indicó ayer a TiempoSur que no tiene ningún tipo de inconvenientes en asistir a exponer su caso ante los legisladores nacionales.

Pero quien tiene decidido lo contrario y ya lo hizo público días atrás fue el gobernador Peralta. “Para empezar quiero decir que yo al Congreso no pienso ir”, manifestó el mandatario provincial este pasado fin de semana ante los micrófonos de la prensa.

En esa oportunidad, Peralta dio a conocer que la provincia evalúa la posibilidad de hacer una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, similar a la del Dr. Espinosa, en este caso como provincia”