William Snyder, un legislador de Stuart en la costa este del estado, dijo que si se aprueba el proyecto de ley la policía tendrá poder para pedir a las personas sospechosas pruebas de su residencia legal.

“Hay componentes importantes de la ley de Arizona que planeo incorporar”, declaró el congresista que presentará el proyecto a la Asamblea Legislativa estatal en noviembre próximo.

La polémica ley SB1070 de Arizona entraría en vigor el próximo 29 de julio y es la primera en Estados Unidos en criminalizar la presencia de los inmigrantes indocumentados y otorga funciones de agentes de inmigración a la Policía local, entre otros aspectos.

Los líderes de la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes de Florida dijeron que el nuevo enfoque busca responder “al fracaso del gobierno federal en el control de la inmigración ilegal”.

La iniciativa de Snyder tiene el respaldo de los dos principales candidatos republicanos a gobernador del estado: el empresario Rick Scott y el procurador general Bill McCollum, cuyo despacho ayuda en la redacción del proyecto de ley, agregó.

Snyder dijo que el proyecto de ley es necesario para proteger a los inmigrantes indocumentados que son vulnerables para empresarios “abusivos y delincuentes violentos”.

“Es un asunto de derechos humanos. Ellos no disfrutan los mismos derechos y privilegios que usted y yo. La solución es hacer cumplir las leyes que están en vigor y desalentar a la gente a venir a ‘buscar una mejor vida’, cuando en realidad vienen aquí y se convierten en víctimas”, explicó.

El congresista no quiere que su proyecto desate las mismas acusaciones de racismo que ha provocado la ley de Arizona, por eso podría modificar algunos aspectos para permitir a las autoridades verificar el estatus migratorio de una persona sólo durante un arresto o una infracción de tránsito.

En Arizona la policía puede pedir documentos legales durante cualquier detención si existe una “sospecha razonable”.

Otros estados han manifestado sus intenciones de seguir los pasos de Arizona como Carolina del Sur, Michigan, Minesota, Pennsylvania y Rhode Island, arguyendo que el gobierno federal no resuelve el problema de la inmigración ilegal y la seguridad en las fronteras.

Para hacer frente a la situación, grupos de derechos civiles como la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) presentaron demandas contra la ley de Arizona y se espera que el gobierno del presidente Barack Obama haga lo mismo.

Se calcula que la población de inmigrantes indocumentados de Florida es la tercera mayor del país, mientras que Arizona está en el séptimo puesto, de acuerdo con datos citados por el diario.

La decisión final sobre la implementación de la ley SB1070 de Arizona está en manos de un tribunal federal.