Se centran en los departamentos de San Rafael, San Martín y Lavalle. Los particulares ostentan un título de propiedad e intentan desalojar a las comunidades que viven y trabajan en la zona desde hace generaciones. Los datos son de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.
La cifra de los conflictos surge de las intervenciones que realizó en los últimos años la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, quien brinda información a los puesteros sobre los derechos que tienen por vivir y trabajar en la tierra durante más de veinte años.
El encargado del área Jurídica de la Subsecretaría en Mendoza, Ariel Herrera, aseguró que la mayor cantidad de conflictos se generan entre un agricultor que tiene la posesión de las tierras y un particular que ostenta una escritura pública, así como el cierre de caminos comunales.
Herrera comentó que muchos agricultores familiares, que no saben leer ni escribir, estamparon su huella digital en un contrato de comodato o de arrendamiento, acción que dificulta la defensa de sus derechos, porque ya reconocieron la propiedad en otra persona.
Hay puesteros a quienes se busca desalojar.
Frente a esta realidad, el organismo puso en marcha una línea de acción para acercar información a los puesteros. Básicamente les explican que la posesión de la tierra por generaciones también les otorga derechos, además de asesorarlos para que no firmen documentos que reconozcan en otro la propiedad de la tierra.
Herrera explicó que tanto la posesión del lugar –vivir efectivamente, trabajar la tierra e incluso hacer mejoras en el predio- y el título son las dos componentes esenciales para determinar quién es el propietario de una porción de terreno.
El abogado señaló que no existe una visión única del derecho, es decir que para algunos la escritura vale más que la posesión y viceversa.
Estos conflictos, que se repiten en distintas zonas rurales de los departamentos de Lavalle, San Martín y San Rafael, por nombrar sólo algunos, alcanzaron su máxima expresión cuando se intentaron desalojos de las comunidades de campesinos, en cumplimiento de una orden judicial.
En el Congreso nacional se presentó un proyecto que prevé la suspensión de los desalojos por cinco años, hasta poder determinar quién es el verdadero propietario de la tierra. El objetivo de la medida es proteger al pequeño agricultor que vive y trabaja en las tierras rurales y que por falta de recursos no cuenta con la escritura pública de los terrenos.
Conflictos con foráneos
Guillermo Lavarrello, militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST), aseguró que tienen detectados unos 20 conflictos entre agricultores y particulares o empresas, un porcentaje importante de los cuales involucra a firman internacionales.
El cierre de caminos públicos también genera conflictos.
Pese a estas cifras, Lavarrello advirtió que es necesario clarificar algunos aspectos de la ley que limita la venta de tierras a extranjeros, ya que en muchos de los conflictos aparece como responsable un argentino, aunque la mayoría accionaria está en manos extranjeras.
Lavarrello señaló que la razón de los conflictos es similar: un privado que ostenta un título de propiedad busca desalojar de sus tierras a comunidades o familias de agricultores, que viven y trabajan en el sitio.
El integrante de la UST señaló que la explicación que repiten los privados es que compraron la tierra sin saber que tenía ocupantes.
La tierra como un
recurso estratégico
El encargado del área jurídica de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Ariel Herrera, aseguró que la ley que limita el porcentaje de tierra que pueden adquirir los inversores extranjeros, es un avance significativo.
Para Herrera, la norma cambia el eje de la discusión y deja en claro que la tierra no es una inversión sino un recurso estratégico no renovable.
Herrera señaló que la conformación del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) que prevé la ley será una herramienta fundamental para analizar y definir las políticas públicas respecto de esta temática.
Oscar Albornoz, productor del Valle de Uco, comentó que la llegada de inversores a la zona no significó un incremento de los puestos de trabajo y dijo que muchos extranjeros tienen desconfianza de lo que compran y lo que comen.
Albornoz señaló que es necesario acotar de alguna forma la compra de tierras por parte de los foráneos, sobre todo porque utilizan mucha agua aguas arriba, lo que perjudica a los productores aguas abajo, además de cerrar algunos caminos que son públicos.
El productor es dueño de cinco hectáreas y media en la que cultiva cerezas, duraznos, además de la chacra.
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