Si en lo político el caso Papel Prensa (que tiende a transformarse en caso Graiver, con culebrón familiar incluido) significa un intento del kirchnerismo de reabrir y reescribir arbitrariamente la historia de una etapa trágica para la Argentina, en lo económico se asemeja a retrotraer los almanaques para reeditar conflictos propios de la década del 70.

La masiva ausencia de empresarios en el acto de la Casa Rosada debería interpretarse como un implícito rechazo a estos intentos, así como a la regla oficial que suele dividirlos taxativamente entre aplaudidores incondicionales y enemigos públicos. Quienes decidieron no dar el presente esa noche encontraron una justificación adicional un día y medio más tarde. El jefe de Gabinete planteó la curiosa teoría de que quienes aumentan su facturación o sus exportaciones no tienen derecho a quejarse públicamente de lo que no le guste; ya sea en cuestiones políticas, ideológicas, jurídicas o institucionales. Con este argumento, el fuerte crecimiento de la actividad económica y del consumo deberían operar como una suerte de "ley mordaza".

Sin embargo, hay demasiadas evidencias de que muchos aspectos de la política económica kirchnerista -si así pudiera denominársela- son manejados como si hubieran ingresado en el túnel del tiempo. Incluso aquellos que involucran cuestiones estratégicas no apuntan al futuro, sino a fracasos del pasado.

Aun si se lo despojara de sus inseparables ingredientes políticos, ideológicos y aun de virtuales ajustes de cuentas, el caso Papel Prensa constituye un muestrario de contradicciones e incógnitas que van más allá de la actual batalla campal entre la administración K y el Grupo Clarín.

Interrogantes al por mayor

Por lo pronto, y a diferencia de lo que ocurría en los años 70, el papel para diarios dejó de tener un carácter estratégico. Hoy se convirtió en una commodity , con precios fluctuantes en el mercado internacional. Las dos mayores compañías productoras del mundo (Abiti Price, de Canadá, y Bowater, de los EE.UU.) debieron fusionar sus operaciones tiempo atrás para no perder rentabilidad, mientras Chile es otro importante país productor y exportador.

Si bien la teoría económica indica que una empresa con posición monopólica en la provisión de un insumo requiere regulación para evitar abusos y ser sometida a mayor competencia, Papel Prensa (PP) -que elabora unas 175.000 toneladas anuales- no es la única fábrica local. También está Papel de Tucumán (PT), aunque desde hace un año y medio dejó de producir papel para diarios (14.000 toneladas en 2008) para dedicarse a otras líneas. Desde hace casi 20 años, además, la importación está liberada en la Argentina, con arancel cero. Según la evolución del mercado internacional y la paridad cambiaria local, los precios domésticos han sido alternativamente más altos o más bajos que los externos. Otra realidad es que la producción de PP, si bien creció casi 10% desde 2003, no alcanza para abastecer la demanda interna (229.000 toneladas). Una prueba de ello es que la importación prácticamente se duplicó (pasó de 30.000 a 60.000 t) en el mismo lapso.

A partir de este cuadro de situación, surge una serie de interrogantes cuya respuesta difícilmente se encuentre en Olivos. ¿Por qué en los últimos siete años la administración kirchnerista nunca planteó un marco regulatorio a través de los directores estatales en PP? ¿Guillermo Moreno es una figura creíble para diagnosticar e intervenir, con su actuación en el Indec y después de haber acelerado la quiebra de Papelera Massuh? Si el Poder Ejecutivo tuviera más injerencia en PP y a la vez controla las importaciones, ¿cómo se garantiza que no sea juez y parte en la asignación de cupos en uno y otro caso, y que no se realice en función de la línea editorial de los diarios, como ocurre hoy con la publicidad oficial? ¿Es factible asegurar igualdad de precios y condiciones a todos los diarios, independientemente de su consumo, cuando la oferta local no cubre la demanda? ¿Es preferible apoyar a los diarios más pequeños asegurándoles participación en una torta que no alcanza o impulsar mecanismos (cooperativas o consorcios) para facilitarles la importación de papel? ¿Sobre la base de qué experiencias mundiales se apoyaría la regulación estatal? ¿Mejorará o perjudicará la libertad de prensa? Y finalmente: ¿es una prioridad estratégica a largo plazo que el Estado invierta fondos públicos en la producción de papel para diarios cuando la tendencia en el mundo va hacia los medios digitales vía Internet en detrimento de la prensa gráfica?

Túnel del tiempo

El déjà vu setentista de este debate no sólo se circunscribe al papel para diarios. También está presente en otras decisiones económicas donde se privilegió el qué sobre el cómo.

La reestatización sin plan de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, no sólo convirtió a la compañía en un factor creciente de déficit fiscal, como en el pasado, sino que los cambios en el mercado aerocomercial mundial la dejan cada vez más aislada. La recientemente anunciada fusión de LAN y TAM, para ganar escala y crear un gigante en la región, ameritaría un replanteo estratégico que por ahora brilla por su ausencia.

Los subsidios crecientes e indiscriminados a la energía y al transporte son una forma de reeditar las "tarifas políticas" de los 70 y los 80, pero con el mismo efecto bola de nieve hacia el futuro. En gas natural, con precios regulados y congelados que catapultaron el consumo, la Argentina perdió el autoabastecimiento y su condición de país exportador para pasar a ser importador creciente, sin estimular inversiones para explorar nuevos yacimientos.

En carnes, también por la política de precios internos y restricción de exportaciones, el Gobierno les cedió gratuitamente mercados externos a Brasil y Uruguay. Pero tampoco avanzó en un sistema diferenciado de comercialización por cortes. No hay vedas, pero cayeron el stock ganadero, el consumo interno y las exportaciones, mientras suben los precios.

Al realimentar la inflación, el kirchnerismo resucita la puja de ingresos en niveles más altos, sin mejorar la situación de los sectores más pobres a los que dice defender.

También aumentó la inversión pública, pero para compensar la escasez de inversión privada en áreas clave, cuando el esquema vigente en el mundo consiste en la articulación para sumar inversiones de uno y otro sector, especialmente en infraestructura y energía. Por si fuera poco, también impidió la continuidad de profesionales competentes en organismos más modernos y despolitizados como la Fundación Export-Ar (Marcelo Elizondo) y la agencia ProsperAR (Beatriz Nofal), para volver a las viejas prácticas de reemplazos sorpresivos y designaciones a dedo. Y hasta Mercedes Marcó del Pont parece haber apostado a su incierta permanencia más allá de septiembre con una política más permisiva del Banco Central, que por primera vez en siete años incumple formalmente el programa monetario. Estos y otros recuerdos del pasado que alimentan la desconfianza no son, claramente, inventos de las difusas corporaciones ni de los anónimos poderes concentrados.