El temporal que sacudió a los barrios porteños el pasado miércoles encendió una luz de alarma en el PRO con respecto a su política de vivienda en los sectores más desplazados de la Ciudad.

La complicada situación que atraviesan las villas motivó ayer un enfrentamiento de los habitantes de la Villa 31 con la Policía Metropolitana, que reprimió con balas de goma y dejó 12 heridos.

Los vecinos reclamaban por un aumento en los 200 subsidios de 700 pesos que otorga el gobierno de Mauricio Macri para el pago de alquileres y obras en construcción dentro del asentamiento.

Pero además de este reclamo, el temporal dejó “una situación social crítica” en las villas y asentamientos, según una denuncia de la Defensoría General de la Ciudad. La denuncia motivó una resolución de la jueza de turno, Fabiana Schafrik, que ordenó al gobierno de Macri que realicen un conjunto de tareas que los vecinos sostienen que no se han cumplido, o cumplido solo parcialmente.

Los vecinos de las villas denunciaron que el gobierno porteño no busca soluciones para revertir la precariedad de las condiciones de vida de los habitantes de los asentamientos, que no cuentan siquiera con los servicios básicos.

El problema de base que tiene el PRO para su política en las villas es la diferencia de criterios entre sus propios funcionarios respecto a cuál tiene que ser el manejo en los asentamientos.

Los sectores más ligados al peronismo son partidarios de una intervención directa, de base, en las villas. Otros sectores del macrismo son más reacios al trabajo territorial y prefieren una intervención sólo cuando las circunstancias lo ameriten.

Intervención

En este marco de incertidumbre, la Justicia debió indicarle al gobierno porteño los pasos a seguir. Primero a través de la jueza Schafrik y hoy mediante la jueza Elena Liberatori, que hizo lugar a un pedido del Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim.

Liberatori ordenó la inspección ocular a las villas y asentamientos poblacionales en los que se denunció la inacción del gobierno de Macri luego del temporal. Ellas son la Villa 21/24, Villa Fátima, Villa Los Pinos, Villa 15, Villa 1-11-14, Asentamientos Magaldi y Zavaleta, complejo de Castañares y Lafuente, entre otros.

Las inspecciones serán llevadas a cabo a partir de mañana a las 11 por cuatro grupos que estarán compuestos por personal del juzgado de Liberatori, de la Defensoría General y del gobierno porteño. Los inspectores recorrerán las zonas afectadas para comprobar qué obras se han realizado hasta el momento.

La jueza Schafrik había ordenado que, en el plazo de 24 horas los ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio Público y Justicia y Seguridad realicen los relevamientos urgentes sobre el riesgo edilicio y provean los materiales necesarios para reconstruir viviendas.

Además, ordenó que el ministerio de Desarrollo Social provea colchones, frazadas, alimentos y resuelva las situaciones de emergencia habitacional derivadas del temporal. Por último, resolvió que el ministerio de Desarrollo Económico, mediante la Ugis, controle el riesgo eléctrico y provea agua potable en caso de ser necesario.

Temor a un levantamiento

El principal temor que expresan algunos sectores del PRO con este tema es que los habitantes de las villas se le vuelvan en contra instigados por el kirchnerismo, que tiene arraigo en las villas de la Ciudad, principalmente a través de La Cámpora, que desemboquen en sucesos como el de ayer.

El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, deslizó ayer que la protesta tenía "motivaciones políticas" y por ello la calificó de "apriete y extorsión".

El gobierno porteño también había acusado al kirchnerismo de instigar los cortes de los habitantes de la Villa 31 en la autopista Illia, en reclamo de colectivos escolares.

Es por eso que en el PRO temen que la orden de Cristina Kirchner sea la de levantar las villas en contra del gobierno porteño.