La Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST) advirtió que existen conflictos entre puestos y algunos inversores extranjeros que se enclavaron en distintas zonas de la provincia.

Diego Montón, integrante de la organización, explicó que algunos foráneos adquirieron terrenos, pero no tuvieron en cuenta que en la zona están asentadas comunidades de puesteros. Estos, aunque no cuentan con un título de propiedad, tienen derechos que están reconocidos en la ley por haber permanecido en la tierra más de diez años.

En varios casos se generaron situaciones de tensión y los privados hasta intentaron desalojar a las familias de puesteros, que viven y trabajan en las tierras desde hace generaciones.

Montón dio dos ejemplos de esos conflictos. En San Rafael, está enclavada la firma Villa Atuel SA, donde la UST asegura que la empresa desalojó a cinco familias campesinas, destruyendo incluso sus precarias viviendas.

Según el ingeniero agrónomo, otro de los focos de conflicto se centra en Malargüe, donde inversores malayos tienen 250 mil hectáreas. En esa superficie viven 140 familias de puesteros, que deben pagar un porcentaje en concepto de pastaje a los dueños de la firma.

A este inconveniente se suma el desatado en San Martín, específicamente en Nueva California, donde inversores coreanos intentan desalojar a 12 familias campesinas.

Según la organización, se vive otra situación similar en Jocolí, Lavalle, donde la firma de capitales españoles Argenceres SA y Elaya SA, intentaron desalojar a pobladores e incluso derribaron sus viviendas.

La UST acompaña a los pobladores, no sólo informándoles sus derechos, sino también poniendo a su disposición asistencia legal. Además incentiva la organización de las comunidades, la concreción de cadenas productivas -es decir la plantación, elaboración y venta de los productos-, así como distintos proyectos para mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales.

La Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST) advirtió que existen conflictos entre puestos y algunos inversores extranjeros que se enclavaron en distintas zonas de la provincia.

Diego Montón, integrante de la organización, explicó que algunos foráneos adquirieron terrenos, pero no tuvieron en cuenta que en la zona están asentadas comunidades de puesteros. Estos, aunque no cuentan con un título de propiedad, tienen derechos que están reconocidos en la ley por haber permanecido en la tierra más de diez años.

En varios casos se generaron situaciones de tensión y los privados hasta intentaron desalojar a las familias de puesteros, que viven y trabajan en las tierras desde hace generaciones.

Montón dio dos ejemplos de esos conflictos. En San Rafael, está enclavada la firma Villa Atuel SA, donde la UST asegura que la empresa desalojó a cinco familias campesinas, destruyendo incluso sus precarias viviendas.

Según el ingeniero agrónomo, otro de los focos de conflicto se centra en Malargüe, donde inversores malayos tienen 250 mil hectáreas. En esa superficie viven 140 familias de puesteros, que deben pagar un porcentaje en concepto de pastaje a los dueños de la firma.

A este inconveniente se suma el desatado en San Martín, específicamente en Nueva California, donde inversores coreanos intentan desalojar a 12 familias campesinas.

Según la organización, se vive otra situación similar en Jocolí, Lavalle, donde la firma de capitales españoles Argenceres SA y Elaya SA, intentaron desalojar a pobladores e incluso derribaron sus viviendas.

La UST acompaña a los pobladores, no sólo informándoles sus derechos, sino también poniendo a su disposición asistencia legal. Además incentiva la organización de las comunidades, la concreción de cadenas productivas -es decir la plantación, elaboración y venta de los productos-, así como distintos proyectos para mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales.