19/04/2012 10:18 PM | Pese a las quejas del Colegio de Abogados de Tucumán (CAT), que advirtió sobre la inconstitucionalidad de la medida, la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante capitalino avaló ayer la adhesión del municipio a una ley provincial que deja sin financiamiento a la caja de jubilación de los letrados que litigan en nombre del Estado.

La norma en cuestión (número 5.121), en su artículo 174, difiere al Gobierno provincial el pago de bonos y aportes a la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores, a través de la Dirección General de Rentas. Con la decisión adoptada ayer por los ediles justicialistas, ahora la Municipalidad de San Miguel de Tucumán podrá hacer lo propio, a través del ente recaudador comunal.

El proyecto, cuyo dictamen fue firmado por Ignacio Golobisky, Germán Alfaro, Christian Rodríguez, Elsa Arias, Eloy del Pino, Luis Marcuzzi y Oscar Nagle, fue defendido por la banca oficialista. En tanto, no alcanzaron los votos necesarios para que se imponga un despacho de minoría, impulsado por el radical José Luis Avignone, quien advirtió que con la decisión del oficialismo se violentan competencias jurisdiccionales y derechos adquiridos de los abogados y procuradores.

En idéntico sentido se había manifestado oportunamente el CAT, que pidió que la cuestión sea revisada y advirtió que iniciará una acción de inconstitucionalidad en contra de la ordenanza.

Oportunamente, el intendente Domingo Amaya había justificado la conveniencia de adherir a la norma provincial al fundamentar que, con la medida, se procuraba dar "mayor celeridad y eficacia al cobro de las acreencias del municipio". "El recupero se ve dificultado ante la exigencia de afrontar al inicio de las demandas, el pago de bonos profesionales, aportes y/o cualquier otra contribución, lo que supone destinar significativas sumas dinerarias el erario municipal para afrontar dichas exigencias", reza un párrafo del proyecto de ordenanza que se aprobó ayer.

Contra la autonomía

Por otro lado, también con el acompañamiento del bloque oficialista, el Concejo Deliberante avaló la adhesión de la municipalidad al programa "Más obras para más trabajo", el cual establece que los recursos que reciba San Miguel de Tucumán por las retenciones a las exportaciones de soja se administrarán a través de un fondo fiduciario administrado por el Ejecutivo provincial.

En tanto, desde la oposición rechazaron la medida debido a que implica la cesión de recursos coparticipables propios a favor de las arcas provinciales.

En su articulado, la propuesta establece que el intendente Amaya estará facultado para aceptar los aportes no reintegrables que efectúe la Provincia y que serán canalizados mediante un fondo fiduciario creado especialmente. También, se dispone que el municipio deberá disponer de los mecanismos para transferir los fondos que llegan por la coparticipación a fin de que se apliquen a la ejecución de las obras y los proyectos que se ejecuten en el marco del programa nacional.

Este último punto fue el que mayores críticas recibió de parte de los opositores Avignone, Roberto Avila (PRO), Sandra Manzone (Coalición Cívica) y Claudio Viña (FR), quienes advirtieron que se firmaba "una nueva hipoteca de la autonomía municipal".