La Provincia ya cobra el 1,5% por este tipo de transacciones. Por eso, si bien la legislación no permite una doble imposición por la misma operación, el autor de la iniciativa, el diputado por el Frente para la Victoria y ex intendente del Partido de La Costa, Juan de la Cruz, encontró la figura de la “plusvalía” para que esta nueva tasa pueda ser viable.

De acuerdo con el proyecto, los beneficiarios de alguna obra pública como asfalto, cloacas, agua corriente o parquización de zonas baldías, deberán pagar un “plus” a la hora de vender su inmueble. Sin embargo, cada Ejecutivo comunal determinaría el procedimiento y el método para evaluar el incremento.

El secretario de Planificación Estratégica y Administración General de Morón, Daniel Larrache, explicó a El diario que “hay todo un debate en torno a la plusvalía que genera la acción del Estado porque también puede encubrirse allí la tasa de las “contribuciones especiales por mejoras” que ya existe y es viable”.

En ese sentido, el funcionario destacó que “hay aspectos para diferenciar. Esta norma es perfectible y debería discutirse un poco más a fondo porque una cosa es cuando el Estado genera las condiciones para que se desarrolle un lugar como puede ser un barrio privado o un club de campo, en ese caso me parece correcto”.

Sin embargo, Larrache piensa que implantar esta idea en Morón “es discutible porque no tiene espacios vacantes, es una ciudad que está consolidada y urbanizada. Una cosa es cuando hay un terreno desprovisto de normativa y el Estado genera condiciones de accesibilidad y de servicios. A partir de ahí se lotea y se vende. Pero cuando la ciudad está conformada y las acciones del Estado están vinculadas a las cloacas y aguas a sectores que no lo tienen. Creo que es cuestionable”.

A modo de ejemplo, el secretario de Planificación Estratégica explicó que la urbanización del Barrio Presidente Sarmiento -Villa Carlos Gardel- sería un caso al que no se le podría aplicar esta nueva tasa. “Acá estamos hablando de una deuda histórica por parte del Estado con esos habitantes. Son programas de urbanizaciones que vienen a reparar problemáticas de larga data”, argumentó.

En ese contexto, Larrache fue más allá: “Entendemos que debería haber, como política social, algún tipo de condicionamiento para que un beneficiario de este tipo de programas no pueda especular con la comercialización de esa vivienda”.

“Por eso -continuó el funcionario- creo que habría que diferenciar los universos. En algunos casos creo que está bien cobrar esta plusvalía y de hecho nosotros lo hacemos cuando se construyen edificios de tantos pisos para arriba. Ahí se incrementan los derechos de construcción porque es un desarrollo comercial, un negocio, que el constructor va a tener más rentabilidad si hace más pisos. Ahora bien, el vecino que tiene su casa en su barrio y le llega la cloaca y por eso va a pagar un impuesto, es discutible”, insistió.

A modo de conclusión, Larrache dijo: “Creo que se tiene que debatir profundamente los conceptos filosóficos de las normas porque pueden ser buenas conceptualmente pero eso después no se traduce en la práctica”.

Ahora, la última palabra la tienen los senadores bonaerenses.