Alonso tardó una semana en reaccionar frente a un problema social que casi le explota en la puerta de su despacho. La primera toma de terrenos ocurrió a sólo cuatro cuadras de su oficina.

El drama de la falta de viviendas y de lotes sociales está presente desde hace varios años y se percibe con sólo recorrer los barrios más pobres de Villa La Angostura.

Pero el gobierno municipal no mostró demasiada voluntad política por enfrentar el asunto. Tampoco por dialogar con las familias. Por el contrario, esperó que la Justicia resuelva un problema social con el Código Penal.

Tal vez Alonso intuyó que se trataba de un reclamo aislado. Pero cuando a la primera toma le siguieron dos usurpaciones, el problema cobró otra dimensión. En el gobierno provincial tomaron nota apenas se enteraron de la existencia de una segunda toma. El secretario de Seguridad, Guillermo Pellini, viajó para evaluar la situación.

El Ejecutivo provincial quiso determinar si detrás del reclamo de los ocupantes había un padrino político o alguna motivación destinada a golpear al Gobierno. El temor al efecto contagio, sobre todo en Neuquén capital, obligó al gobierno provincial a intervenir en el conflicto. Alonso viajó una semana después de la primera toma para reunirse con funcionarios del gobierno neuquino. Fuentes con llegada al intendente señalaron que se entrevistó con Jorge Sapag.

Alonso regresó a Villa La Angostura con otra actitud para enfrentar el tema. Horas después, llegaron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos de la provincia con experiencia para negociar. Sin embargo, la primera reunión, realizada el 21, fracasó. Las familias no estaban dispuestas a abandonar las tomas si no había un compromiso real de las autoridades municipales y de la Provincia. Al día siguiente, cuando los representantes de las tomas habían concurrido a la reunión para rechazar la oferta oficial, apareció una nueva propuesta que destrabó el conflicto. La Provincia se comprometió a ceder una fracción de 20 hectáreas en Puerto Manzano, para realizar un loteo social en un plazo de seis meses. Las familias aceptaron y abandonaron las tomas antes de Nochebuena.

Alonso celebró el acuerdo y en la Provincia también. Ambos deberán cumplir con el compromiso asumido, porque no es la primera vez que se prometen soluciones habitacionales en esta localidad en medio de una campaña electoral.