Sin embargo, no todos parecen estar dispuestos a afrontar su parte de ese costo, a decir de quienes observan de cerca la evolución de esas negociaciones.

Las negociaciones han quedado trabadas en torno a lo que ocurrirá con 400 de un total de algo más de 600 operarios que están involucrados en los contratos de las firmas Contreras y Skanska, a las cuales PAE rescindió el contrato tras el conflicto.

Mientras la operadora ha manifestado su decisión de contratar directamente a esos operarios, mientras mantiene la postura de dejar afuera a alrededor de 204 operarios que tendría identificados como partícipes de los hechos de violencia que destrozaron gran parte de las bases operativas de Cerro Dragón e interrumpieron el bombeo de crudo entre el 21 y el 24 de junio último, la conducción de los Dragones plantea su postura en contrario, ya que la justicia aún no se ha expedido en torno a la investigación. “Todos han pagado un costo -dijo una fuente conocedora del conflicto-, pero da la impresión de que la conducción de los Dragones pretende salir indemne, en un conflicto que se les fue de las manos y que provocó tantos perjuicios”.

El observador pasa revista a los 50 millones de pesos que dejaron de ingresar a la provincia, a la pérdida que afrontan las pymes por los días no facturados, al impacto económico en la región y al petróleo no producido por la operadora durante los días de conflicto.

Sin embargo, la conducción gremial que participa en las negociaciones ha puesto reparo en la reincorporación de los 400 operarios -que serán parte de los más de 600 telegramas que comenzarían a llegar entre lunes y martes, tras las rescisiones de contratos mencionadas- bajo el argumento de que no se ha establecido específicamente qué funciones desempeñarán ni tampoco cuáles serán sus haberes.

“El Estado no va a permitir que se afecten los salarios, entonces no se entiende esa prevención -dijo un funcionario provincial-; aparte, los Dragones fueron socios de la operadora en estos años y ahora se desconocen, cuando lo que necesitamos es que piensen un poco en recuperar la producción y defender el interés común”.

Desde esa perspectiva, se cree que la conducción de los Dragones busca ganar tiempo frente a la pérdida de afiliados que tendrá, por la decisión de Daniel Ojeda (exsecretario gremial de esta misma agrupación) de formar una nueva entidad gremial.

“Los Dragones están debilitados, no sólo por la separación de Ojeda sino también porque la gran mayoría de los trabajadores quiere volver a trabajar y no tener más problemas; pero también es cierto que si quieren volver a paralizar y a tomar medidas de fuerza, les alcanza con un grupo de poca gente”, especuló otro observador.

Conflicto interempresas

La otra cara del conflicto está dada por las vinculaciones entre empresas. La decisión de PAE de rescindir el contrato de Contreras trajo como consecuencia la reacción de la Cámara de Empresas Regionales, que pidió a sus asociados abstenerse de participar en servicios que hayan sido prestados por la mencionada contratista, socia de la entidad. Ante ello, PAE anunció que contratará a los 400 operarios en forma directa, lo que ha sido interpretado como el preludio de la formación de una empresa propia para desarrollar las tareas de extensión de cañerías en sus yacimientos.

La ecuación no es sencilla. En principio porque no hay contratistas de la dimensión de Contreras, una empresa nacida en Comodoro Rivadavia en la década del 50 y que ocupa alrededor de 3.000 personas en todo el país, con un nivel de equipamiento vial (capital de trabajo, en suma) que ingresa en una escala de lejano acceso para la mayor parte de las pymes de la zona.

Si PAE avanza en la conformación de una empresa propia, ingresará al mismo nivel de conducta por el que fue cuestionada meses atrás, cuando desplazó a una empresa local de servicios de salud para conformar una firma propia.

En aquella oportunidad, fue el gobernador Buzzi quien encabezó las críticas, en paralelo con la postura de la Cámara. También lo hizo posteriormente, cuando se desplazó a otras contratistas locales, para absorber los servicios bajo una empresa perteneciente al grupo Bridas, Manpetrol.

En este nuevo escenario, los posicionamientos no son tan lineales. En principio, porque el gobernador cuestionó a Contreras cuando la acusó de “financiar a los Dragones”, pese a que la firma luego demostró que realiza retenciones sostenidas por ley, a fin de entregarlas a una asociación mutual inscripta y habilitada por organismos provinciales. Y si bien desde el Ministerio de Hidrocarburos se advirtió recientemente contra la posibilidad de que Contreras -en su carácter de pyme regional- fuera reemplazada por Manpetrol, el gobernador no apoya la postura de la Cámara para que se restituya el contrato de Contreras, por considerarse esa decisión “arbitraria y sin fundamentos”. El mandatario provincial no volverá sobre sus pasos.

Desde PAE, la argumentación que se conoce en forma extraoficial es que la empresa Contreras usó los reclamos de los Dragones para obtener mejoras en sus contratos y por no haber controlado suficientemente a sus operarios. “Eso es absurdo, la operadora le debe mucho dinero a Contreras y además está a la vista quienes se beneficiaron con los Dragones, empezando por los políticos que fueron acompañados en su campaña y por la propia operadora, que de este modo sigue avanzando en el desplazamiento de empresas regionales”, dijo una fuente cercana a la contratista.

Desde esa perspectiva, está claro que los costos siguen debitándose de la cuenta de los distintos actores, sea en términos económicos, o también en términos políticos y hasta de imagen. En los próximos 30 días, se verá si la operadora absorbe finalmente el servicio con su propia estructura, o si aparece en escena otro actor que ha sido mencionado por medios nacionales, en tanto se especula que el contrato de Contreras, o parte de esas prestaciones, podrían ser absorbidas por otra empresa de la zona, perteneciente al grupo Indalo, que encabeza Cristóbal López.