El martes pasado, La Bisagra, una agrupación universitaria K, intentó llevar al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba un proyecto de declaración de repudio a la decisión de De la Sota de impulsar una ley que posterga los aumentos para los jubilados.

“Se perjudica a los jubilados, un sector vulnerable”, rezaba el proyecto de la agrupación, uno de los pilares del soporte político de la rectora Carolina Scotto, quien no estuvo de acuerdo con la iniciativa, la que pasó a comisión.

Una hora después, el titular de la Anses, Diego Bossio, aseguró que en Córdoba había jubilaciones de privilegio. Mientras los K locales hablan de un ajuste a los sectores más desprotegidos, desde la Casa Rosada hablan de salarios de privilegio entre los pasivos cordobeses.

La afirmación de Bossio también sorprendió y dejó en off side a la mayoría de los gremios estatales provinciales, enrolados en el kirchnerismo.

Los sindicalistas cordobeses ya hicieron llegar su enojo por los dichos del titular de la Anses. “Le están dejando el terreno libre a De la Sota para que diga que la Nación les exigen un recorte a las jubilaciones”, fue el mensaje de uno de los gremialistas a un diputado nacional K, para que lo transmitiera a la Casa Rosada.

La vereda delasotista tampoco está exenta de contradicciones. El gobernador reclama diálogo al Gobierno nacional. La tolerancia y el consenso son las palabras más utilizadas en su discurso, para marcar diferencias con la presidenta Cristina Fernández, a quien acusa de tomar decisiones sin consultar a nadie.

Sin embargo, el gobernador convocó a dialogar a los gremios para buscarle una salida al déficit de la Caja de Jubilaciones. Pero dos días después se presentó en la Legislatura con un proyecto de ley que fue tratado esa misma noche. Los propios legisladores peronistas no conocían la propuesta de postergar los aumentos a los jubilados por seis meses y tuvieron que levantar la mano por “obediencia debida”.

Los delasotistas argumentan que esa decisión se tomó para evitar un “mal mayor”, que hubiera sido discutir el proyecto en la Legislatura, con los estatales reclamando en las calles céntricas.

Los desmanes en 2008, cuando se aprobó la emergencia previsional, son imágenes que impulsaron al gobernador a inclinarse por la estrategia del “hecho consumado”. Fue una decisión política que tomó De la Sota, pero alejada de su pregonada predisposición al diálogo.

En este enfrentamiento entre De la Sota y el kirchnerismo, abundan las medias verdades y también afloran las contradicciones.