El Gobierno pidió ayer a la Justicia la cancelación de la personería gremial de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA) por entender que el sindicato incumplió con una conciliación obligatoria dictada el viernes y provocó, de esa manera, la cancelación de los vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas del fin de semana. Además, denunció que el conflicto le generó pérdidas a la empresa por u$s 20 millones y devolvió el control del tránsito aéreo a las Fuerzas Armadas, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. El sindicato, en tanto, negó haber implementado medidas de fuerza.

Mientras funcionarios y sindicalistas repartían responsabilidades, los vuelos internacionales de la línea de bandera se fueron normalizando paulatinamente. “Aquellos que se ponen fuera de la ley van a tener la intervención de la Justicia”, advirtió el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ayer por la mañana. Horas más tarde, su cartera anunció que presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo un pedido de suspensión de personería gremial para APTA por entender que realizó “incumplimiento de la Conciliación Obligatoria”.

APTA, que conduce Ricardo Cirielli, rechazó las acusaciones y contraatacó. Relató una serie de desperfectos técnicos que, en su visión, provocó la cancelación de vuelos.

“La red automática de mensajes aeronáuticos se interrumpió a causa del corte de electricidad, por lo que no se recibían planes de vuelo ni los mensajes operativos, como ser el de las condiciones meteorológicas de los aeropuertos del país. Luego se restablecieron las comunicaciones entre dependencias, que duraron poco menos de una hora, ya que se sufrió un nuevo corte”, indicó APTA en un comunicado.

El gremio aseveró que el Gobierno los culpó para “encubrir los gravísimos problemas de falta de inversión crónica por parte del Estado nacional, tanto en infraestructura edilicia como en equipamiento tecnológico, en todos los aeropuertos nacionales”.

La plana mayor del Gobierno salió a endilgarle a Cirielli, alineado con la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo, un “paro encubierto” que, desde el jueves, entorpeció los vuelos internacionales. “Este conflicto pretendió ser manejado por Cirielli, que no tiene ninguna representación sobre el sector” de los controladores aéreos, dijo Tomada ayer.

Como respuesta, la presidenta Cristina Fernández firmó desde El Calafate el decreto 1840, que devolvió a la órbita de la Fuerza Aérea el control del tránsito aérea. La medida dispone que “el personal que actualmente presta servicios en la ANAC (la Administración Nacional de la Aviación Civil) (...) pasará a revestir sus funciones, en comisión, por el plazo de un año” en la nueva Dirección General de Control de Tránsito Aéreo, de índole militar.

La ANAC había sido creada en 2007. Dos años más tarde, la Presidenta transfirió el control del tránsito aéreo desde la órbita militar a la civil. Entonces, su personal se encuadró en APTA, el gremio de Cirielli.

Pérdidas

El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, fue otro de los funcionarios que embistió contra Cirielli por el conflicto en Aerolíneas. “Estamos poniendo orden y llamamos a la reflexión, no de los trabajadores, sino de los dirigentes sindicales contra Cirielli, que nos complicó muchísimo el fin de semana a los argentinos, y que entre otras cosas le generó un perjuicio a Aerolíneas Argentinas de más de u$s 20 millones desde el jueves”, dijo el funcionario en declaraciones radiales.

La semana pasada, el titular de la Asociación de Pilotos, Jorge Pérez Tamayo, había cargado tintas contra el gerente general de Aerolíneas, Mariano Recalde.