La Cámara de Apelaciones ratificó un fallo de primera instancia del juez De Gamas Soler dictado en 2011.
La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la provincia confirmó el procesamiento de los tenedores de las Letras de Tesorería cuya utilización generó un escándalo durante la última parte de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro.
Tanto Horacio Galego como Pablo Cettu y Daniel Cabellier están acusados de presunto “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro” en una causa que es un desprendimiento del expediente principal, donde se investiga a varios ex funcionarios y empresarios.
El juez Javier de Gamas Soler los había procesado en primera instancia el 25 de octubre del año pasado, y ahora la Cámara ratificó ese fallo.
Según el criterio de la Justicia, estas personas tuvieron en su poder las Letras emitidas por el Estado y las comercializaron a sabiendas de su origen delictivo.
En la causa principal se investiga si existió una maniobra para sustraer fondos públicos simulando prestaciones de servicios o entregas de mercadería que nunca se habrían concretado.
Por estos hechos enfrentarán un juicio oral y público el ex ministro de Economía, Horacio Sosa, el ex Tesorero General, Alfredo Iglesias, los ex agentes públicos Horacio Medone, María Lorenza Moreno y Ana María D´anna, además del comerciante Ariel Fernando Arrébola, entre otros. Si se le suma una operatoria similar que involucra el pago con Letras a la firma Gualdesi Hermanos, en total se investiga una defraudación al Estado del orden de los 10 millones de pesos, la mayor de la historia provincial.
Apariencia de origen lícito
Pero la Justicia también avanzó, en forma paralela, con las presuntas responsabilidades penales que les caben a quienes recibieron las Letras de Tesorería (obtenidas mediante el peculado que investiga la causa principal) y las cobraron o intentaron hacerlo sabiendo que provenían de una maniobra ilícita.
De Gamas Soler caratuló inicialmente esa causa número 23.995 como “presunto lavado de activos” pero finalmente encuadró lo ocurrido como un “encubrimiento agravado”.
“Estas personas recibieron algunas de las Letras con conocimiento o representación de su origen espurio, y las transfirieron o aplicaron de algún modo, con el objeto de que los bienes adquieran apariencia de un origen lícito”, indica el fallo de primera instancia.
Por ejemplo Cabellier, titular de la empresa “TV Contenidos SA”, recibió la Letra 5723, por $100.825, e inició con ella una demanda de cobro ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº7 de Buenos Aires, además de iniciar la ejecución de otras Letras ante el Juzgado Civil y Comercial de Ushuaia: la número 5717 por $102.108, la 5718 por $102.200, la 5727 por $102.230 y la 5720 por $102.261. El mismo empresario también recibió la Letra 5489 por $485.895.
Cabellier admitió haber recibido los documentos pero negó conocer su procedencia ilícita y haber tenido algo que ver con la maniobra.
Sin embargo, el juez De Gamas Soler tuvo en cuenta los cruces telefónicos entre el empresario y el resto de los implicados en la estafa al Estado.
Así se demostró que entre el 28 de diciembre de 2007 y el 27 de marzo de 2008 (fecha de vencimiento de varias de las Letras) Cabellier habló con el ex ministro Sosa en más de seiscientas ocasiones.
“La explicación es sencilla: quien manejó la colocación de las Letras (…) fue Sosa y quien realizó los actos necesarios para asegurar su provecho (conociendo su origen espurio y con ánimo de lucro) fue el aquí imputado”, concluyó el juez en su pronunciamiento.
En relación a Cettu, el magistrado corroboró que cobró la Letra Nº 5710 endosada por el proveedor Arrébola por un valor de $100.910 a través de la empresa Chemical Bross.
La Justicia logró probar que este empresario, ligado a la organización de fiestas de música electrónica, intercambió más de 80 comunicaciones con D`anna, en fechas clave relacionadas con el vencimiento de la Letra.
Y en cuando a la participación de Horacio Galego, su situación es más comprometida todavía porque recibió cuatro Letras de Tesorería adquiridas de manera sospechosa y porque su hermano, Juan Eduardo Galego, era el subsecretario de Contrataciones de la provincia al momento de consumarse el negociado.
Juan Galego fue procesado por la Justicia en la causa principal y también enfrentará un juicio oral y público.

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