El presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Javier Melchiori, confirmó que está vigente la audiencia conjunta entre el campo y el gobierno, convocada para el jueves por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, atendiendo al reclamo de los productores que buscan poner freno al aumento del impuesto Inmobiliario Rural. “Lo que lograremos con esta audiencia es poner las cosas sobre la mesa”, vaticinó el ruralista.

Melchiori explicó a RecintoNet que presentaron una “acción de clase” que es una acción “colectiva” avalada por la Constitución provincial. Y, puntualizó que exigen el acceso a la información pública para conocer de qué modo se hizo el cálculo para establecer el valor actual del impuesto. “No podemos conocer cuál es la base del cálculo”, se quejó Melchiori en declaraciones a RecintoNet y reforzó la queja del campo que advierte que en vez de tomar los cinco últimos años, sólo se promedió el último, lo que en valores significa un cambio sustancial porque el kilo de novillo gordo promediaba los 5,30 y el valor que se habría utilizado alcanzaría los 8,60 pesos.

“Ahora – dijo – vamos por la cuestión de fondo y los vecinos van a entender de lo que hablamos. Reclamamos por el derecho a la información porque está claro que hay un error en el cálculo, lo que no logramos es que nos expliquen cómo se hicieron esos cálculos”, abundó.

De todos modos, para Melchiori “más allá de la argumentación, lo que lograremos con esta audiencia es poner las cosas sobre la mesa”, vaticinó al marcar la audiencia conjunta que tendrá lugar el lunes entre productores y funcionarios, aunque se desconoce aún si concurrirán a ella representantes del Ejecutivo o de la

Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el órgano impositivo que preside Marcelo Casaretto.

A su vez, los dirigentes agropecuarios difunden en los principales medios una solicitada en la que hacen saber a todos los obligados al pago del Impuesto Inmobiliario Rural de la provincia, a quienes se haría extensivo los efectos de la sentencia que recaiga, que podrán optar por quedar fuera del pleito como comparecer en él.

El reclamo al que se refiere y que difunden a través de solicitadas es el de “obtener el acceso a información pública consistente en las operaciones aritméticas practicadas por la ATER y/o el Superior Gobierno de Entre Ríos para obtener los avalúos fiscales asignados a las partidas para el cobro del impuesto inmobiliario 2012; 2 y, que se dejen sin efecto los avalúos y tributos calculados en caso de confirmarse que han incurrido en violación del art. 9 inc. “c” de la ley 8672 que define cómo se debe de calcular una valuación, establece las bases para el cálculo de la valuación y habla de un quinquenio para tener en cuenta en base a valores, producciones y rindes”.