La Cámara Nacional Electoral determinó que en el caso de las supuestas irregularidades denunciadas en La Maruja "no se configura ningún supuesto" que autorice la apertura de sobres porque en las actas del escrutinio de la mesa cuestionada -suscriptas por los fiscales de Cambiemos- no existe "error, irregularidad ni deficiencia alguna". De esta manera, confirmó que el PJ pampeano ganó los comicios del pasado 22 de octubre y se queda con las dos bancas de la Cámara de Diputados, donde asumirán el próximo 10 de diciembre Ariel Rauschenberger y Melina Delú.

La información fue confirmada por el ministro Pablo Daniel Bensusan. El fallo de la Cámara dejó en claro que "la misión de los fiscales es controlar y verificar, durante todo el acto eleccionario, si las disposiciones legales que lo rigen se cumplen en su integridad, y de suponerse algún incumplimiento, la protesta correspondiente debe hacerse ante el presidente de la mesa, dejando constancia de las anomalías que se presuman o se estén llevando a cabo, a fin de que las autoridades de mesa tomen cuenta de los fundamentos del reclamo y resuelvan en consecuencia".

La Cámara también consideró que "ninguna incidencia podría tener en el caso lo afirmado por Cambiemos acerca de la existencia de una causa penal vinculada con los hechos que motivaron el recurso, porque resulta obvio que corresponde a la competencia exclusiva de la Justicia Nacional Electoral la verificación del proceso de escrutinio que ha de concluir con la proclamación de los candidatos electos".

Además, se basó en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha sostenido que "los plazos del Código Electoral Nacional procuran evitar la introducción de cuestionamientos al resultado comicial fuera de la inmediatez del acto electoral. De lo contrario, por vía de alegaciones que no tendrían límite temporal alguno, podría impugnarse indefinidamente la legitimidad de los candidatos triunfantes, con evidente mengua de la seguridad jurídica y certeza de los procesos eleccionarios".

"Claramente se estableció que los plazos en el proceso electoral no pueden ser ignorados mediante el impulso de otro tipo de proceso, dirigidos a obtener una revisión que no se ha requerido ante la Justicia Electoral conforme a los mecanismos que prevé el Código Electoral Nacional. Es decir, la eventual existencia de una causa penal no puede menoscabar la legitimidad del proceso electoral", destacó Bensusan.

Finalmente, en la resolución, la Cámara Electoral ordenó a la Junta Electoral Nacional de La Pampa proclamar a los candidatos electos y proceder inmediatamente a la destrucción de la totalidad de las boletas utilizadas en la elección del 22 de octubre pasado.