El STJ tardó veinte meses para resolver la casación. La lectura de la sentencia se hizo a las 11. Los jueces Tomás Mustapich y Victor Menéndez rechazaron una serie de recursos de casación y confirmaron las condenas al ex vicepresidente del Ipav, Hugo Nelson Agüero; el ex gerente Luis Araniz; y los empleados Rubén Angel Naval, Juan Cono D'Amico, Mirta Isabel Rodríguez y Walter Raúl García.

Ellos habían sido condenados hace tres años por la Cámara en lo Criminal 1 de Santa Rosa por el desvío de casi un millón de pesos. Luego, apelaron ante el Tribunal de Impugnación Penal. En la revisión de los hechos, el TIP confirmó la sentencia. Finalmente el caso llegó al STJ, que revisó las cuestiones de derecho y le dio la derecha al TIP. Pero la pretensión no prosperó y ahora podrían intentar llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para ir a la Corte, deberán presentar un recurso extraordinario que deberá admitir antes el STJ. En el caso de que el tribunal lo rechace, podrán acudir a la Corte con un recurso de queja. Sin embargo, en ese caso tendrían que empezar a dar cumplimiento a la sentencia. Es decir, regresarían a la cárcel.

El viernes 14 de diciembre de 2007, la Cámara en lo Criminal 1 había condenado a cinco años de prisión a Agüero y Araniz al hallarlos culpables de los delitos de peculado (sustracción de caudales públicos) y cohecho (pago de coimas) por un desvío total de 960.456,21 pesos.

Además, el tribunal había condenado a tres años de prisión e inhabilitación perpetua por peculado a Mirta Rodríguez de Tieri, ex jefa del área contable del IPAV. Al ex tesorero, Walter Raúl García, lo había castigado con dos años de prisión e inhabilitación perpetua por el mismo delito.

Por otra parte, la ex habilitada Susana Beatriz Mansilla había sido condenada a pagar una multa de 53.000 pesos por el delito de malversación culposa (en cuotas mensuales de 500 pesos). Y el ex presidente del Club Rucalén y jefe de Compras de IPAV, Juan Cono D'amico, como partícipe secundario del peculado, a un año de prisión.

Finalmente, el ex contador fiscal del Tribunal de Cuentas, Rubén Angel Naval, había sido condenado a un año de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de 48.000 pesos, por recibir coimas menores.

En el fallo de hoy, los jueces del STJ dijeron que no se violó la defensa en juicio. "El Tribunal de impugnación efectuó una revisión amplia de los hechos y las pruebas", sostuvieron. "Asimismo, la competencia de este Tribunal de casación se circunscribe a las cuestiones vinculadas a la correcta aplicación del derecho, es decir, al análisis del juicio de derecho respecto a la aplicación de la ley sustantiva, en consecuencia no se debe inmiscuir en la valoración de la prueba de la que surge el acontecer histórico que ocurrió en la vida real, que comprende tanto lo que se da en el mundo físico como en el ámbito de lo psíquico. El dolo cuya revisión plantea la recurrente, integra el aspecto psíquico, el universo de lo subjetivo respecto a lo ocurrido", expresaron.

"Asimismo -manifestaron- lo vinculado también al acaecer fáctico en cuanto a que existió simplemente un error en la forma de trabajar, que solo fue una falta administrativa subsanable, como así también el cuestionamiento a su condición de funcionario público, son agravios que tampoco pueden admitirse en esta instancia a la que se arribó una vez superadas las correcciones propuestas y fijado ya inamoviblemente lo ocurrido. Por lo tanto, la reinterpretación de la secuencia fáctica comprobada, no tiene cabida en esta instancia, más aún si los motivos que se plantean ya fueron debidamente examinados por el Tribunal de Impugnación Penal. En mérito a ello, especificado que ha sido el agravio, y advirtiéndose que se trata de objeciones ajenas a esta instancia casatoria, corresponde que sean desestimadas".

La estafa

La Cámara 1 había comprobado hace tres años que de dos cuentas, una del Banco Hipotecario Nacional (con el recupero de cuotas) y otra de Gastos de Inspección, se desviaron 960.456,21 pesos que no ingresaron a las arcas del Ipav y con los cuales se realizaron gastos sin ningún tipo de control.

De la primera de las cuentas, Agüero, Araniz, Rodríguez y García, ordenaron el retiro de 695.694,40 peso a través de cheques y órdenes de pago, autorizando gastos y recibiendo dinero en efectivo usando la cuenta corriente del Club Rucalén.

En cuanto a los sobrantes de la cuenta de Gastos de Inspección, lo que se hizo fue no reingresarlos -como debían- a la cuenta recaudadora del IPAV y se desvió de allí, a través de cheques, la suma de 264.761,81 pesos.

Ese dinero fue cobrado en efectivo por ventanilla o depositados en la cuenta del Club Rucalén, instrumentado una modalidad para hacerse de dinero en efectivo que, una vez obtenido, se llevaba al área contable para gastarlo.

El dinero

El tribunal había establecido la ruta que siguieron los fondos sustraídos. Había establecido que se colaboró con el Club Rucalén (sillas, cocina, termotanque) y el Jockey Club, entre otros.

Además, se hicieron fiestas de fin de año y del Día de la Madre. Y se entregaron huevos de pascua y flores como agasajo y obsequio a los empleados los días festivos, celulares a Agüero y Araniz, y otro tipo de gastos, algunos con posible vinculación con la actividad específica del Ipav y otros totalmente ajenos. Entre estos últimos, aparecieron cenas, fiestas, refrigerios varios, restaurantes varios, hotelería, cuadro, cotillón, chorizos, acolchados y sábanas, sommier completo, electrodomésticos, boleadoras, pergamino de cuero, auspicio a Ricchi, vino Luiggi Bosca, torta galesa, bombones, pirotecnia, carne, leña, gaseosas y champagne.

Para el Club Rucalén, también se compró alimentos, anticonceptivo y antiparasitario para perros, equipo de música, teléfono, trabajos de herrería y mejoras, asado, arreglo de calefactores, transferencia de fondos.

El cobro de la coima

El ex contador fiscal Naval, según se había comprobado, cobró desde 1994 hasta diciembre de 2003 la suma de 400 pesos mensuales del Ipav por realizar sus tareas de control previo en horas de la tarde, en el mismo edificio de la repartición provincial.

Los jueces no encontraron probado qué hizo o qué dejó de hacer en sus labores por recibir ese dinero.

Por esa razón cambió el encuadre del delito de coimas con que llegó al debate. Como las leyes del TdC le prohibían recibir pagos de otra repartición por su trabajo específico, lo condenó por "cohecho" menor.

La otra causa: la del enriquecimiento

Esta es una de las dos principales causas por las que se han condenado a Agüero y Araniz. La otra fue por enriquecimiento ilícito: fueron condenados el 18 de agosto de 2006 por la Cámara 1 a tres años y tres meses de prisión y a tres años y seis meses, respectivamente.

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa ordenó hace unos días, tal como había pedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se dicte una nueva sentencia a los ex funcionarios por esta causa. El nuevo fallo contra los ex integrantes del Ipav tendrá que ser firmado por los jueces del TIP.

La derivación en el TdeC

Esta investigación también derivó en otros casos: el presidente y el vocal del Tribunal de Cuentas (TdeC), Natalio Perés y Rubén Rivero respectivamente, fueron destituidos a través de un juicio político, en 2009, por no controlar al Ipav y permitir, de esa manera, los manejos irregulares. Perés está procesado.

Además, la ex empleada Flavia Peñalva fue condenada por estafa por la Cámara en lo Criminal 1. La joven fue acusada por el pago irregular de unos 300 cheques que permitieron un desfalco de 629 mil pesos en el Ipav. Recientemente, el TIP le redujo la pena.