El Superior Tribunal de Justicia rechazó en las últimas horas la pretensión de la diputada provincial Silvia Alicia Petitti (Radicalismo Independiente) para que sea investigada en los tribunales de la ciudad de General Pico por omisiones en su declaración jurada. Los magistrados de la Sala B, Tomás Mustapich y Víctor Menéndez, expresaron que la investigación correspondía a los jueces de la Primer Circunscripción Judicial, con sede en Santa Rosa.
La información fue confirmada por fuentes judiciales a DiarioTextual. Aún, en tanto, no se dieron a conocer públicamente los argumentos.
La legisladora está a punto de ser juzgada por el juez Carlos Besi (Juzgado 2, con sede en Santa Rosa), luego de ser procesada por Miguel Valle (Juzgado 1).
El abogado defensor Emil Koncurat había pedido que fuera investigada en Pico, donde vive. Sin embargo, los jueces y fiscales santarroseños ratificaron que debe ser investigada y juzgada en la capital provincial porque es aquí donde se presentan las DD.JJ. de los funcionarios.
Hay dos causas judiciales aún abiertas. Una civil y otra penal. La primera, está a punto de cerrarse en Pico: es un concurso de acreedores. Acordó a fines de 2009 y ahora es inminente la homologación del acuerdo por una deuda, verificada, de 160.987 pesos.
La legisladora quedó envuelta en un escándalo a principios de 2008, cuando libró decenas de cheques sin fondos. En total fueron 122 por 622 mil pesos. Pero ninguno de esos cheques ingresó al concurso. Se sospecha que eran usureros.
Cuando se destapó el caso, el Frepam la desvinculó del bloque de diputados. Además, se la pretendió echar de su cargo. Pero el PJ no lo permitió. Tampoco los radicales lograron desafiliarla del partido.
La segunda causa judicial, en tanto, se sustanció en Santa Rosa. El juez Miguel Valle la procesó y le pidió al Juzgado 2 que le inicie un juicio porque consideró que incurrió en una omisión maliciosa en la presentación de su declaración jurada. "Consideró que debía un impuesto inmobiliario, no consignó un crédito del Sempre y adeudaba una patente de automóvil. Eso, claramente, no es una omisión maliciosa", retrucó el abogado defensor Emil Koncurat.
La diputada está acusada del delito contemplado en el artículo 268 (3) del Código Penal. Prevé una pena con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua. Se le imputa el tercer párrafo de ese artículo. Ocurre cuando el imputado "maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables". La legisladora, al conocerse el procesamiento, dijo públicamente: "Yo no mentí".
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