Se ha despejado una incógnita: la salud de la Presidenta está bajo control. La atención se ha desplazado desde el foco de la política al del diagnóstico –o “no-diagnóstico”– de la enfermedad, un plano propicio para los juegos a los que son afectos referentes tanto del Gobierno como de los sectores opositores. Además, parece claro que las incertidumbres acerca del ejercicio de la máxima autoridad del país –desatadas en gran medida, pero no únicamente, por el anuncio de la enfermedad de la Presidenta– no han hecho mella en la confianza que la sociedad deposita en su gobierno. En el plano de los escenarios políticos previsibles todo parece volver a donde estaba; es esperable, por lo tanto, más de lo mismo.

En la línea de no brindar sorpresas, tan pronto se disipó el cono de sombra abierto por la enfermedad presidencial, el Gobierno acentuó su enfoque de ir avanzando gradualmente a una economía cerrada. La última vuelta de tuerca es el prácticamente total control de las importaciones. El motivo es doble: frenar el drenaje de divisas, profundizar un modelo de economía cerrada. Lejos parecen los tiempos en los que, al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner, desde los círculos más cercanos al poder se hablaba de la necesidad de alentar un flujo de retorno de capitales argentinos, para lo cual era importante generar confianza. (También se hablaba de niveles de inflación de un dígito, entre otras cosas).

Ahora, cuando la confianza ya no parece un factor controlable y cuando los capitales argentinos siguen emigrando, se apela a levantar barreras, continuando un proceso que empezó a acentuarse después de la elección de octubre con los controles cambiarios.

La confianza es un tema difícil para el Gobierno nacional. Este se ha mostrado sumamente competente para generar confianza en el conjunto de la población y, a la vez, no logra generarla en los ámbitos de los negocios y las finanzas. Es un principio de Maquiavelo básico que si el gobernante no acierta a gobernar con confianza debe entonces apelar a métodos de ejercicio de la autoridad que a la larga producen desgaste y terminan erosionando esa misma autoridad, imprescindible para ejercer el poder. Si el Gobierno nacional se refugia en un modelo cuyo eje central es el cierre de la economía, esto es porque no ha sabido generar confianza en ese ámbito, casi tan imprescindible como el de los votos, que es el de la economía.

Una economía cerrada no es algo inocuo. La discusión del tema puede tener lugar en distintos planos. Uno es el de las ideas y los valores, al que son afectos los ideólogos de todos los colores; allí se contraponen los ideales de una economía cerrada, con eje en el mercado interno, a los de la libertad económica, la capacidad de la gente y de los inversores de tomar sus propias decisiones. Suele pensarse que los valores son fines y las políticas económicas son medios; entonces, en nombre de las ideologías, es posible justificar decisiones económicas que desde otras perspectivas pueden no ser óptimas para el conjunto de la sociedad.

Otro plano es el de las necesidades de los industriales, que tan pronto pueden demandar barreras arancelarias u otros tipos de protecciones como protestar porque necesitan importar insumos básicos o maquinaria para mantenerse competitivos. Esta es una historia conocida en la Argentina.

Un tercer plano –que lamentablemente parece interesar a poca gente en nuestro país– es de la visión estratégica del futuro. Si hasta ahora la Argentina es poco competitiva, es en buena medida por la amplia proporción en uso de tecnología y equipamiento productivo que no son de última generación. Impedir o dificultar la importación de bienes de capital es el camino para que nuestro país siga perdiendo competitividad en el mundo. En los años 60 y 70 el debate estaba vigente; hoy suena anticuado. En aquellos años el sociólogo brasileño Helio Jaguaribe defendía el concepto de la “obsolescencia tecnológica”: economía cerrada, apostando al desarrollo tecnológico local a largo plazo. Jaguaribe no pensaba que un país atrasado era algo bueno en sí, pero idealizaba el desarrollo “nacional”; además, lo imaginaba con gobiernos democráticos, lo cual tornaba su modelo aun más utópico de lo que ya era de por sí, sin el menor respaldo en ninguna experiencia histórica. Un par de décadas más tarde, Alvin Toffler decía que el principal factor que explicaba la caída de la Unión Soviética era su retraso abismal en el uso masivo de la tecnología del fax. Ese es el camino de una economía cerrada.

Al país real de hoy el contexto internacional no lo ayuda. Tampoco lo ayuda la meteorología. En el plano fiscal, diversas correcciones parecen inevitables, algunas por imperio de las circunstancias económicas, otras porque la sociedad plantea demandas en el terreno del orden y la previsibilidad. El Gobierno nacional tomó en sus manos hace ya varias semanas la causa de contener las presiones sindicales por aumentos salariales fuera de pauta; algunos gobiernos provinciales tienden a imitarlo. Estos días, el Gobierno de la Ciudad Autónoma hizo lo propio en otros temas calientes: los precios del subterráneo y, como si eso fuera poco, los manteros de la calle Florida. El país se encontró, de pronto, con gobiernos duros frente a factores de conflictividad social. Se tiene la impresión de que éste será el escenario de los próximos meses. El orden y la prudencia fiscal plantean algunos requisitos; las demandas de grupos sociales plantean otros. La Argentina ha vivido unos años como si esos términos no fuesen, en esencia, conflictivos. Tal vez esa ilusión de equilibrio perpetuo haya llegado a su fin.

En el frente internacional, la Argentina no se ha asociado al histriónico recibimiento de algunos jefes de Estado del continente al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Pero hay otras aguas que parecen agitadas: el Gobierno parece dispuesto a actualizar las tensiones con Inglaterra alrededor de las Malvinas. No está claro si esto se limita a reclamos diplomáticos o si se pasará a otro plano. En la prensa inglesa el tema no alcanza mayor relieve; aun más, un diario de primera línea lo presentó fuera del marco del histórico conflicto por las islas y dentro del contexto de problemas de litigios pesqueros que Inglaterra suele tener con diversos países. Tal vez sea todavía temprano para separar en este frente las palabras de los hechos y establecer si estamos más involucrados con las banderas de los barcos que pescan merluza que con las enormes potencialidades –entre otras, petrolíferas– de nuestras aguas meridionales.