La ley que impulsó el Ejecutivo para financiar la tan ansiada Ciudad Judicial fue sancionada en el año 2009, pero aún no se puede aplicar. Los diputados pidieron informes hace poco del estado de los trámites para ejecutar la obra y desde Casa de Gobierno y el Poder Judicial les respondieron que hay una traba: la norma contiene errores y para que sea operativa hay que reformarla. Mientras tanto, hasta que no esté la nueva ley, no se podrá avanzar.

La Ciudad Judicial nació como un proyecto para agrupar en la misma zona todas las dependencias que el Poder Judicial tiene hoy desperdigadas por el centro en edificios alquilados. Aprovechando que el edificio 9 de Julio quedó vació, la idea es refaccionarlo e integrarlo al edificio 25 de Mayo, donde hoy funciona la Corte de Justicia y el grueso de los juzgados, y así ahorrar presupuesto y mejorar en operatividad.

La gestión giojista y la Corte acordaron encarar la obra en forma conjunta y el primer paso se dio en 2009. El Ejecutivo confeccionó y mandó a Diputados un proyecto que creaba el fideicomiso con el que se financiará la Ciudad Judicial y fue aprobado de inmediato y por unanimidad. Pero ahora, a tres años, se conoció que la ley se deberá reformar.

El informe que el gobernador José Luis Gioja y el presidente de la Corte de Justicia, Humberto Medina Palá, elevaron a la Legislatura en mayo dice que “realizado por los servicios jurídicos de ambos Poderes del Estado, un análisis de la ley 8038, en principio, surgen errores en su texto que deben ser objeto de modificación”.

Según se desprende de la nota, que lleva la firma de los dos funcionarios y de las encargadas del área Legal de cada Poder, de la ley original se deben reformar cinco puntos (los errores están en el artículo 1, 3, 5 y 6). Entre ellos, el informe dice que como “el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, carecen de personería jurídica, el fideicomiso se debería celebrar entre la provincia de San Juan, representada por el Gobernador, en carácter de fiduciante, y el Banco, en carácter de fiduciario”. Además, detalla que “el beneficiario del fideicomiso no puede ser el Poder Judicial, sino que deberían serlo las empresas contratistas”.

La ley es clave para poder avanzar definitivamente con la obra. Pasa que es la base para celebrar el contrato de fideicomiso con la entidad bancaria que administre los fondos que serán afectados. Por ahora, no hay plazos. La respuesta a los legisladores asegura que se elevará a Diputados un proyecto “con las correcciones de las falencias detectadas”, pero no específica en qué fecha.

Por lo pronto, el acuerdo político ya está. El Poder Judicial tiene ahorrados unos 45 millones de pesos y los aportará a la obra. El Ejecutivo saldrá a buscar el resto de lo que haga falta y todo se integrará en el fideicomiso, según dijo Gioja hace tres años.