Néstor Kirchner acaba de pontificar que, si se aprueba el proyecto opositor para fijar las jubilaciones mínimas en el equivalente del 82% del salario mínimo vital (SMV), "el país quiebra". Para apuntalar este argumento, el ministro de Economía, Amado Boudou, estimó el costo fiscal en 24.000 millones de pesos anuales. En la oposición buscan restarles dramatismo a estas cifras. Un cálculo del economista radical Mario Brodersohn coincide con ese monto, pero con una salvedad importante: de ese total, prácticamente la mitad (12.000 millones de pesos) corresponde al ajuste que el Gobierno está obligado a otorgar en septiembre, por la ley de movilidad automática de los haberes jubilatorios. Esta cifra surge de aplicar un aumento de 14% a todas las jubilaciones y elevar la mínima de 895 a 1030 pesos mensuales. De manera que la discusión no sería por 24.000, sino por 12.000 millones de pesos. Quizás incluso sean menos, porque los ingresos por aportes a la Anses también crecerán en los próximos meses, al calcularse sobre salarios con aumentos de 25% promedio pactados en las últimas paritarias y, además, se registra una fuerte recuperación de la recaudación impositiva, parte de la cual alimenta al sistema previsional. Aunque a primera vista los números tampoco cierran, el debate se plantea como una pulseada política: el oficialismo dice que la oposición debería identificar qué otros gastos cortar; y ésta que la tarea le corresponde al Poder Ejecutivo, ya que en los últimos años vino aumentando el gasto público por encima del 30% anual, distribuyéndolo a discreción, sin pasar por el Congreso.

Tironeo por retenciones

Sin embargo, una y otra parte ocultan cartas. El kirchnerismo no reconoce que los recursos de la Anses son clave para financiar al Tesoro: sin ir más lejos, en junio le transfirió casi 2000 millones de pesos en utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (constituido por el ahorro de los futuros jubilados en las desaparecidas AFJP), que le permitieron mostrar un alto superávit ficticio. La oposición tampoco aclara que aquellos cálculos más refinados sobre el impacto fiscal de la suba de las jubilaciones mínimas quedarán desactualizados si éstas pasan a indexarse con el SMV, que el gobierno quiere elevar en los próximos meses de 1500 a 1800 pesos mensuales (20%). Si la ley del 82% es sancionada, probablemente el gobierno de CFK deba afrontar el costo político de vetarla; pero atenuándolo con un refuerzo extra de las jubilaciones de bolsillo, que ya tenía en carpeta, y una postergación de la suba del SMV para evitar comparaciones odiosas. Otra variante más osada, que imaginan en algunos despachos oficiales, sería promulgarla con vigencia a fines de 2011 para que el costo económico recaiga en el futuro gobierno. En cualquiera de los casos, buena parte de este debate es humo: al no haber una política para frenar la inflación, cualquier mejora del poder adquisitivo, de jubilaciones o salarios, tiende a ser efímera. La indexación nunca sirvió para ganarle a la inflación, sino más bien para retroalimentarla.

Otro fuerte debate en ciernes tiene que ver con las retenciones a la exportación, que en 2010 aportan ingresos fiscales por unos 45.000 millones de pesos, de los cuales casi la mitad corresponde al complejo sojero. La oposición no sólo está dispuesta a que sea el Congreso quien las fije -el plazo de delegación de facultades vence dentro de un mes-, sino que busca consensuar varios proyectos en danza para modificarlas de inmediato. Uno de ellos prevé bajar a cero los derechos para todas las exportaciones agropecuarias (trigo, maíz, sorgo, girasol, carnes), excepto la soja y subproductos, para los cuales se mantendría el actual 35%, pero con un 15% como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Según cálculos preliminares, esta iniciativa supondría un sacrificio fiscal del orden de los 4000 millones de pesos anuales (unos 1000 millones de dólares) a favor de la producción primaria. Sin embargo, no pocos diputados buscan ampliarlo con retenciones diferenciales a la soja por debajo de un piso de producción, a fin de beneficiar a pequeñas explotaciones. De prosperar esta iniciativa, el actual gobierno recibirá el costo fiscal y el que lo suceda con el beneficio de una eventual mejora en la producción. Pero en el fondo, significaría poner en jaque uno de los pilares de la política kirchnerista de concentrar el manejo de la caja fiscal, que el año pasado debió compartir parcialmente (en un 30%) con las provincias, para mantener alineados a los gobernadores. A la inversa, los candidatos opositores, o los oficialistas que dejen de serlo, dispondrían de otro imán para captar el voto de productores y clase media rural en distritos clave.

No sólo por estos debates clave es previsible que a partir de agosto el Congreso se convierta prematuramente en un campo de batalla preelectoral. También varios proyectos con media sanción de Diputados apuntan al blanco del poder político presidencial, como la limitación del uso de DNU; la eliminación de los superpoderes a la Jefatura de Gabinete y la ampliación del Consejo de la Magistratura. Esto sin contar algunas iniciativas más "verdes" como la normalización del Indec o la reforma de la Oncca. Para el oficialismo, las opciones son desequilibrar nuevamente el frágil empate de votos en el Senado con acuerdos caso por caso bajo la mesa para mantener el statu quo; o recurrir al costo político del veto si algo falla.

Para quienes siguen de cerca la economía, todo esto aportará más ruido político y más incertidumbre presente y futura. Nadie sabe cómo habrían de conciliarse más gastos con menos ingresos, en medio de una política que incentiva la inflación, excepto un tipo de cambio real que se deteriora y una cuenta de subsidios estatales que no para de crecer. Quizás en este último terreno sería bueno que la oposición buscara abrir esa caja de Pandora y se dedicara a hacer docencia frente a la sociedad, aunque no todo resulte políticamente correcto. Si hasta la continuidad de Diego Maradona al frente de la selección o la renovación del contrato en Boca de Juan Román Riquelme (5 millones de dólares por cuatro años, que equivalen a 413.000 pesos mensuales a valores de hoy) tienen ahora un componente de gasto estatal, a través del subsidio a los clubes de la AFA para asociar la televisación en directo de los partidos con la sistemática difusión de propaganda gubernamental.