El legislador de la bancada del Partido Justicialista, Eduardo Barrientos, condicionó la aprobación de una reforma a la ley de emergencia urbano ambiental, a la aplicación de una cláusula para que se ejerza un estricto control del destino de los recursos que se giren a las administraciones municipales.
Barrientos admitió que la ley «dio buenos resultados, por ejemplo en Tolhuin, y en Ushuaia ayudó a atacar problemas estructurales que tienen que ver con el déficit habitacional».
No obstante, remarcó las controversias que se suscitaron en torno a la utilización de los fondos por parte del departamento Ejecutivo, dado que desde el Parlamento se cuestionó la falta de generación de suelo urbano, objetivo primordial que persigue la normativa.
De esta manera, el legislador peronista subrayó que «si bien, estoy de acuerdo en la posibilidad de que se rediscuta esta Ley, también me parece que hace falta generar un espacio de contralor fuerte para que los gastos que de ella se haga, tenga el espíritu que se busca desde el Parlamento».

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