El fiscal Federal había solicitado una pena de tres años de prisión por la defraudación al Estado, por la que estaba acusado el proveedor Obregón.
A su vez, los jueces catamarqueños Juan Reynaga y Adolfo Guzmán y el magistrado proveniente de Tucumán, Carlos Jiménez, resolvieron absolver a Obregón por el delito de evasión simple a partir de la aplicación de la ley vigente en el inicio de la causa. Es que el defensor oficial Hugo Vizzoso recordó que el Código Penal Tributario establece que, para la aplicación de una pena, la supuesta evasión al fisco debe sobrepasar los $400 mil al año. Pero en el caso de Obregón, se había establecido que la evasión al fisco entre enero de 2002 y junio de 2003 llegaba a los $463.474 en concepto de IVA. El juicio que dio inicio alrededor de las 10 concluyó antes de las 13 a raíz de que únicamente declararon los contadores de la DGI Tucumán, Dolores Zalazar y Hugo Daniel Quiroga, quienes relataron sobre la existencia de irregularidades detectadas en las facturas presentadas por Obregón para acceder al beneficio derivado de los créditos fiscales (diferencia en el pago del IVA a partir de la transacción de compra y venta), investigación que los llevó hasta la provincia de Córdoba, donde registraban domicilio los supuestos proveedores de Obregón.
Además, los contadores tucumanos señalaron que los proveedores cordobeses -que lograron contactar- investigados por la DGI a partir de esta causa, en la mayoría de los casos no contaban con la operatividad suficiente para hacer frente a la proveeduría a la que accedía Obregón de acuerdo con la documentación presentada ante el fisco.
Al no presentarse a declarar el resto de los testigos, entre estos, los supuestos proveedores cordobeses, tras un breve cuarto intermedio se desarrollaron los respectivos alegatos.
El fiscal Federal Víctor Monti ratificó las acusaciones en contra de Obregón y pidió una pena de 3 años de prisión para el acusado por los delitos de falsificación de documentación (facturas apócrifas) y la consiguiente defraudación al fisco.
Instancia previa
A mediados de 2011 Obregón intentó llegar a la instancia del juicio argumentando que se había sometido a un plan de moratoria fiscal. La investigación contra Obregón tuvo su inició dos años después de la publicación de la investigación realizada por El Ancasti sobre “el negocio del hambre” por el cual proveedores del Estado vendían diferentes productos al área de Acción Social del Gobierno provincial por cifras millonarias.
El abogado Miguel Camps, en representación de la AFIP – DGI, efectuó la denuncia en contra del comerciante en la sede de la Fiscalía Federal por la posible infracción a la Ley Penal Tributaria 24.769 en sus artículos 292 y 296, ya que se habría detectado un perjuicio al fisco por $463.474 en concepto de IVA por los períodos que iban desde enero de 2002 a junio de 2003.
Antecedentes
del caso
La causa forma parte de una serie de denuncias realizadas a partir de la investigación llevada a cabo por El Ancasti en el marco de las compras directas de Acción Social, las cuales se incrementaron tras el decreto Nº1544 firmado por el ex gobernador Oscar Castillo en diciembre de 2000. Fue ahí cuando el Estado podía realizar compras directas hasta los $350 mil.
Es así que el año 2003, cuando Víctor Brandán asumió como subsecretario de Acción Social, se hicieron compras directas por $27 millones durante los nueve meses que duró su gestión. Luego asumió como diputado provincial, donde amparándose con los fueros, se negó a brindar explicaciones a la Justicia por las compras realizadas.
Proveedor
Jorge Ángel Obregón estaba inscripto bajo el nombre de Farma-Kat, con inicio de sus actividades en 1999. Su actividad principal era la venta al por mayor de artículos de uso doméstico y, como actividad secundaria, la venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios.
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