El senador Luis Juez denunció la filtración de cuestionarios correspondientes a las pruebas de oposición que se rindieron ayer. El Gobierno asegura que la presentación "es trucha".
A las 10, Juez presentó en la Mesa de Atención Permanente del Tribunal Superior una denuncia en la que planteó que tomó conocimiento con anterioridad al examen de preguntas que supuestamente correspondían a las pruebas de oposición para los cargos de jefe de Área de Apoyo Regional y jefe de División Gestión de Deuda y Recaudación –cargo que no se concursó–, así como cuestionarios generales de direcciones y subdirecciones de Jurisdicción de la Dirección de Rentas.
En el escrito, también solicitó la recolección de las pruebas necesarias para la comprobación de que los supuestos exámenes circularon entre los postulantes antes de la prueba. La fiscal Alicia Chirino –turno 2 del Distrito 3– ordenó recolectar pruebas donde se rendía el examen, según lo que explicó al ser consultada por este diario.
Se excusó de brindar más datos debido al secreto de sumario. La causa pasó ahora a la fiscalía de Miguel Oyhanarte.
“Me hicieron llegar varios cuestionarios de Rentas e hice lo que correspondía, que es llevarlos a la Justicia para que investigue. Más allá de lo que la Justicia determine, ratifico que esos concursos son ilegítimos, que la integración de los jurados es vergonzosa y que el único fin que persiguen es acomodar punteros de Unión por Córdoba”, indicó Juez.
Versión oficial. Al tomar conocimiento de las actuaciones judiciales, el secretario General de la Gobernación, Ricardo Sosa, salió de inmediato a negar que las preguntas presentadas por Juez a la Justicia fueran las que se realizaron a los postulantes a los cargos jerárquicos de Rentas. “No conozco la denuncia, pero le puedo asegurar que es ‘trucha’, por la manera en que se elaboraron los cuestionarios, que fueron realizados el viernes entre las 17 y las 19 ante escribano. Lo que está planteando Juez es una verdadera payasada a los fines de sabotear los concursos”, indicó Sosa. Recalcó que “Juez no para de hacer el ridículo” y que “esto se parece a lo de Tiendas Mechi”, en alusión a donde se recogían votos para una consulta popular convocada para días después.
Posteriormente, el Gobierno presentó a la Justicia –y envió a este diario– las preguntas de 40 exámenes de la Dirección General de Rentas, a los fines de que fueran cotejadas con los que Juez ofreció en su denuncia.
De la comparación, surge con claridad que en ninguno de los casos las consignas se reiteran textualmente. Sí coincide el hecho de que se trate de 15 preguntas y algunos ítems de los cuestionarios denunciados aparecen en los exámenes oficiales con cambios más o menos importantes en la formulación. Es tarea de la Justicia determinar si contar con esos formularios “filtrados” representó una ventaja.
Las versiones sobre la circulación de exámenes fueron insistentes en las últimas dos semanas en varios ministerios. La Provincia nunca negó la existencia de esos cuestionarios, pero aseguró en todo momento que no se trataba de las preguntas de la prueba oficial, que finalmente se tomó ayer.
Miguel Civallero, secretario de la Función Pública, llegó a decir que la aparición de un sólo examen representaría la nulidad de todo el concurso.
Esas versiones hicieron que el Gobierno optara por certificar ante 21 escribanos la elaboración de los cuestionarios, que según Sosa se realizó el viernes en todos los casos.
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