Se prevé que la causa tendrá un largo camino hasta la Corte Suprema, a no ser que haya una resolución política en la Legislatura.

El fiscal de Estado apeló, en nombre de la provincia, el fallo de primera instancia que estableció que los concursos judiciales que determinó la nueva ley tienen un requisito “inconstitucional”.

José Vaninni, en nombre de la Provincia, ya hizo esa presentación con la esperanza de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil dé vuelta la sentencia de la jueza María del Carmen García.

Pase lo que pase en esa instancia, de todos modos, se prevé que la cuestión concluirá recién con la intervención de la Corte Suprema de Justicia, ya que cualquiera de las dos partes parecen decididas a ir hasta el final.

La otra opción para solucionar la cuestión es política: debiera intervenir la Cámara de Diputados y reformar la legislación que generó el conflicto, y que contó con el aval explícito del Superior Tribunal de Justicia.

Tal como informó El Diario en su edición de ayer, la sucesión de amparos presentados en contra de uno de los requisitos establecidos en la nueva ley, frenó la realización de los concursos.

Esa nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, número 2.574, en el artículo 6º dice en el segundo párrafo: “A partir de ese momento y respecto de los magistrados y funcionarios, deberá transcurrir un período de tres (3) años en el ejercicio del cargo como condición para postularse en concurso para otro cargo dentro del Poder Judicial provincial”.

La demanda en la que hubo sentencia fue presentada por los fiscales Mauricio Piombi, Gastón Boulenaz y Fernando Rivarola, el defensor Pablo de Biasi y la secretaria Marisol Rodríguez (Juzgado de Instrucción Nº 1).

La causa había recaído en el Juzgado Civil 1, a cargo de Susana Rodríguez, quien se excusó. Por eso, intervino la jueza García, a cargo del Juzgado Civil Nº 2.

El planteo de la demanda fue que la Constitución no exige más que una edad mínima (25 años) e idoneidad para desempeñar el cargo.

En su momento, la Comisión de Asuntos Constitucionales analizó el problema generado por los amparos. El presidente del Colegio de Magistrados, Miguel Vagge, dijo: “nos preocupa muchísimo esta situación porque afecta el buen servicio de Justicia. Por ejemplo, con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, desde marzo, hubo una serie de reformas estructurales en el ámbito penal y se ha creado la figura de jueces de Control. A partir de allí debería haber cuatro jueces de Control, pero sólo hay uno constitucionalmente nombrado, luego hay una jueza sustituta y dos cargos que no están cubiertos, entonces se genera un problema al producirse un cuello de botella en ese sector”.

En esa reunión el diputado Martín Berhongaray (UCR/FrePam) consultó si lo que pretendían era que los legisladores les “dieran una mano” para que avancen rápidamente los concursos. Vagge respondió: “En realidad sería una mano a las instituciones, nosotros estamos buscando un canal de diálogo, creemos que este es el ámbito para poder solucionar este tema, no venimos a expedirnos sobre la constitucionalidad o no de la norma”.

El entonces diputado Carlos Pessi agregó que “si no hay resoluciones judiciales frente a estos amparos o si la Legislatura no le da algún tipo de salida a esta cuestión, ya no habrá más concursos, devendrían todos ellos en abstracto”.

Josefa Alegre -que era legisladora por el PJ- señaló que “lo que ellos plantean es la existencia de un obstáculo funcional ante una situación judicial”, y Hugo Pérez le preguntó a Vagge: “¿No será que con esta demora en la resolución de los amparos presentados los jueces están ejerciendo una suerte de apriete sobre los legisladores para que modifiquemos la ley?”.

Vagge aseveró: “yo le respondería que no, no me consta que sea así. Y desde mi punto de vista estoy de acuerdo con las restricciones, pero creo que hay que tratar de salir de esta encrucijada con la suspensión de esta norma y poder concursar y, para adelante, volver a discutir la ley”.