La Provincia tiene plazo extraordinario hasta el jueves 29, a las 10, para presentar su descargo ante la Corte Suprema de Justicia, en la causa impulsada por la relatora de ese tribunal, María del Pilar Amenábar. La profesional impugnó la sustanciación del concurso en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para cubrir cuatro cargos de camarista en lo Civil y Comercial Común, proceso que está suspendido.

La estrategia judicial será resuelta a partir del lunes, cuando se reintegre a sus funciones el fiscal de Estado, Pedro Giudice. Ese día se encontrará con varios borradores de la posible contestación a la Corte, que están siendo elaborados para poder optar entre un abanico de alternativas. El expediente está siendo analizado especialmente por Aldo Cerutti, quien intervino en el trámite judicial del Colegio de Abogados contra la Provincia, por la reforma constitucional de 2006.

Amenábar denunció que hubo una calificación arbitraria de su prueba escrita, por la cual le dieron un puntaje que no le alcanzó para llegar al mínimo de 60 puntos exigido para pasar a la instancia de la entrevista personal (última etapa). La abogada obtuvo el máximo reconocimiento en el ítem antecedentes, con 35 puntos, mientras que por el examen obtuvo 22.

Hasta el momento, esta es la única causa por la cual fue notificada la Provincia, de la decena de trámites judiciales en marcha en este concurso. El resto de los expedientes serán comunicados formalmente una vez que concluya la feria de invierno.

Tres ejes

Desde Fiscalía de Estado (representante de la Provincia ante el Poder Judicial) se solicitó un aporte al CAM, el que respondió con tres líneas de acción procesal distintas, en una nota suscrita por Antonio Gandur: por un lado, pidió que se interponga la nulidad de la causa; por el otro, requirió que se plantee formalmente ante la Corte que el propio CAM debía ser citado como tercero, ya que tiene una legitimación activa para intervenir en el juicio de Amenábar; y, finalmente, detalló aspectos centrales de su actuación en este tema y de cómo debían interpretarse las normas.

Los dos primeros puntos no fueron atendidos y ya cerró la etapa para accionar al respecto. Sólo está pendiente la contestación de la demanda. Para no acceder al requerimiento firmado por Gandur se argumentó que podía discutirse fuertemente la legitimación activa, ya que no estaría expresamente habilitado en la Constitución. Internamente, se consideró además que la institución encargada de seleccionar a los magistrados habría quedado debilitada tras el fallo de la misma Corte, que declaró nula la parte del articulado de la Carta Magna que habilitaba al Poder Ejecutivo a organizar el CAM.

En este orden de ideas, y atento a instrucciones dadas por el gobernador, José Alperovich, se tenderá a agilizar lo más posible el trámite judicial para poder nombrar magistrados. Por ello, se dejaría de lado cualquier acción que implicase que se abran incidentes que paralicen la causa principal, aunque sin descuidar la defensa técnica de lo actuado por el CAM. El criterio que se fije en el caso Amenábar se repetiría en los otros expedientes en trámite