Los abogados Luis Virgilio Sánchez y Mariano Mansilla concretaron la anunciada presentación de una denuncia por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” contra el gobernador Jorge Sapag, por haber aprobado por decreto y sin licitación la cesión del cobro de peaje sobre la ruta 7, entre Centenario y Neuquén.

Solicitaron también que se investigue al mandatario por la posible comisión del delito de asociación ilícita. La denuncia fue ingresada en la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, y quedó a cargo del Fiscal Marcelo Jara, según se informó este miércoles.

El escrito, de 8 carillas, detalla los episodios ocurridos entre el 29 de marzo de 1994, en que fue dado en concesión el sistema de peaje a la UTE Odisa-Vialco –al haberse adjudicado la licitación pública correspondiente-, y el 15 de julio de 2010 en que Sapag firmó el decreto 953. Esa norma convalidó el acta acuerdo celebrado entre el presidente de Vialidad y la empresa Caminos del Comahue, por el que ésta traspasa a EMCOPAT –luego denominada Corredores Viales del Neuquén- el sistema de cobro de peaje hasta el 2025. El contrato con Caminos del Comahue vencía en 2011.

“Mediante este acto contrario a la Ley 2141 de Administración Financiera, Sapag autoriza a una nueva empresa a continuar con la explotación del peaje hasta el año 2025, permitiendo que Caminos del Comahue se retire sin pagar su deuda con la entidad crediticia provincial y que ceda derechos de explotación que no poseía”, destacaron Mansilla y Sánchez en su escrito.

El jefe de la bancada de UNE enfatizó que “con su actitud, el Gobernador ha provocado que la nueva empresa reclame por derechos adquiridos ya que a dos meses de haberse hecho cargo, Corredores Viales ya reclama una deuda por 2 millones de pesos al gobierno por supuestas obras que ha realizado”.

“Resulta poco transparente y alienta nuestras sospechas de ilicitud las circunstancias en que tanto el dueño de EMCOPAT como de Corredores Viales, Silvano Cuevas, sea una persona a la que se le han iniciado procesos por malversación en la ejecución de obra pública con dineros de los ATN. También es extraño que Corredores Viales no figure en el acta acuerdo celebrada entre Vialidad y Caminos del Comahue”, agregó Sánchez.

Corredores Viales se formó a finales del año pasado con un capital de 25 mil pesos “una cifra muy exigua , si tenemos en cuenta que dicha empresa debe garantizar no sólo la ejecución de obras, sino el pago de más de 29 millones de deuda contraída por su antecesora con el actual IADEP.

Mansilla y Sánchez coincidieron en señalar que “esperemos que el Gobernador no esté involucrado en una figura penal tan grave como la de Asociación Ilícita, y que los responsables estén en las segundas líneas del gobierno”.