Hicieron falta 15 años de lucha de los vecinos de Jáuregui para que un día, finalmente, el Concejo Deliberante de modo unánime apruebe una resolución en la que deja las medias tintas y admite que Curtarsa contamina.
Mediante la resolución se solicita al mandatario "su intervención directa en la problemática de contaminación ambiental ocasionada por la empresa Curtarsa S.A. en la localidad de Jáuregui, asegurando en forma inmediata el cumplimiento de mayores controles a la mencionada industria y previendo en forma mediata el estudio de una solución definitiva al daño ambiental, preservando la fuente de trabajo y el desarrollo sustentable libre de toda contaminación".
Para ser más específicos aún, los concejales indicaron en uno de los considerandos que "a la luz de las decisiones tomadas por los trabajadores amenazados por sus empleadores sobre perder su fuente de trabajo; como así también por los vecinos perjudicados por el accionar de la empresa Curtarsa S.A. que nunca ha cumplido con las condiciones de producción exigibles para la preservación de un ambiente sano; sumado que la autoridad competente en el control de esta empresa de tercera categoría ha sido altamente cuestionada por los vecinos, como así también por el Departamento Ejecutivo, es lo que hace imposible llegar en un principio al diálogo, para después buscar soluciones que no perjudiquen a unos ni a otros".
"En la condición actual del conflicto, sólo la autoridad máxima de la Provincia de Buenos Aires puede dar respuestas a los vecinos con su intervención directa y urgente", expresaron los ediles de todos los bloques.
Desde el Concejo entienden que "se ven obligados una vez más a solicitar la intervención del gobernador, en virtud que en todas las oportunidades que este cuerpo ha tenido alguna participación lo ha hecho en el marco de garantizar que todos los actores del conflicto, sin condicionamientos, pudieran expresarse con absoluta libertad, utilizando el diálogo como herramienta insustituible".
"A pesar de ello, lamentablemente, no hemos obtenido resultado positivo al no lograr que todas las partes que sufren o podrían sufrir perjuicios (a excepción de la empresa como productora de los mismos) participen en una misma mesa de trabajo para intentar alcanzar acuerdos sostenibles en el tiempo".
En los argumentos de la resolución, el Concejo también menciona otra norma de mayo de 2009 en la que se pedía a Scioli "mayores controles" a la firma y "un estudio de la posibilidad mediata de su relocalización fuera del centro urbano, preservando la fuente de trabajo y el desarrollo sustentable libre de contaminación ambiental".
El proyecto se aprobó después de varios días de un largo trajinar de concejales como Oscar Luciani (de la Unión Vecinal) y Pablo Tonini (Unión Celeste y Blanco), que buscaron el consenso voto a voto. Los últimos en sumar sus firmas fueron los ediles que responden a los mandatos de Miguel Prince.
De hecho, ese bloque intentó sumar a la discusión un proyecto de comunicación vinculado a la problemática, pero no logró consenso entre los presidentes de bloque.



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