Por unanimidad, el cuerpo legislativo municipal aprobó el proyecto de ordenanza que establece la suspensión provisoria al Defensor del Pueblo. Antes el cuerpo se transformó en un Comisión Investigadora “ad hoc”, que estuvo representada por todos los bloques.

El plazo de suspensión “resultaría suficiente para que concluyan las actuaciones iniciadas en el área de salud laboral del Municipio”. Los ediles acordaron designar a un representante provisorio para el ejercicio de las funciones de dicha institución.

Luego de un prolongado período de investigación a partir de las denuncias por maltrato laboral presentadas por trabajadoras de la Defensoría y tras reunir los elementos necesarios vinculados a la causa, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza que establece la suspensión provisoria del Defensor del Pueblo por un lapso de 90 días.

La iniciativa fue aprobada de manera unánime, luego de la votación nominal a la que fue sometida la iniciativa. La sesión contó con la presencia de la presidenta del Concejo, María Eugenia Martini, y de los ediles Carlos Valeri, Leandro Lescano, Ramón Chiocconi, Diego Benítez, Irma Haneck, Alejo Ramos Mejía, Alfredo Martín, Carmen Giménez, Elena Welleschik y Mauro Gonzalez.

Uno de los primeros pasos que adoptó el cuerpo legislativo apenas tomó conocimiento de las denuncias fue constituirse en Comisión Investigadora “ad hoc” en los términos del art. 38 inc. 20 de la Carta Orgánica Municipal. La misma estuvo conformada de la misma manera que la Comisión legislativa, es decir por los presidentes de bloque.

En el marco del proceso de investigación, los concejales citaron a las denunciantes y al resto del personal de la Defensoría, incluido al titular del organismo, con el objeto de tener contacto directo con todos los involucrados. Además se tuvieron en cuenta los informes de la Dirección de Medicina Laboral y de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Los bloques firmantes “entendemos que este Departamento Deliberante ha actuado con la responsabilidad y la cautela que implican haberse informado y analizado pormenorizadamente las situaciones puestas a su conocimiento definiendo que la situación es de notoria gravedad en aras de preservar la institucionalidad de la Defensoría, como para suspender provisionalmente en sus funciones al defensor del pueblo” menciona la iniciativa en sus fundamentos.

No hizo su descargo

Vicente Mazzaglia no efectuó su descargo ante la denuncia presentada por trabajadoras de la Defensoría del Pueblo de Bariloche ante el INADI. El plazo venció ayer.

Ante la decisión del Concejo Municipal de suspender temporariamente por 90 días al Defensor del Pueblo de Bariloche, Vicente Mazzaglia, mientras dure la investigación por las denuncias de violencia laboral, la Delegación Río Negro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) solicitará al Concejo Deliberante el envío de estas actuaciones a fin de incorporarlas a la denuncia que actualmente tramita el organismo nacional.

El pasado 8 de mayo, cinco trabajadoras de la Defensoría del Pueblo de Bariloche se presentaron en la sede del INADI Río Negro, denunciando ser víctimas de maltrato y discriminación laboral en razón de género.

El jueves 31 de mayo, venció el plazo de diez días hábiles, para que Mazzaglia responda por escrito el traslado corrido por parte del INADI a fin de efectuar su descargo sobre cada uno de los puntos de la denuncia.

“Ante la falta de respuesta, le solicitaremos al Concejo Deliberante que nos envíe las actuaciones realizadas para incorporarlas a nuestro expediente. Cabe señalar que el INADI ha definido la violencia de género como uno de los ejes prioritarios de gestión. De manera que esta denuncia que afecta a un grupo de mujeres trabajadoras, como ya lo manifestó en su oportunidad esta delegación, debe contar con el pleno acompañamiento del Estado”, señaló el delegado del INADI Río Negro, Julio Accavallo.

Finalmente, en relación a la continuidad del expediente, el delegado explicó que reiterarán la solicitud de descargo a Mazzaglia y luego, se incorporarán los testimonios de los testigos, aportados por las mismas denunciantes.

Por su parte, los bloques políticos acordaron designar como representante provisorio para el ejercicio de las funciones de la Defensoría del Pueblo a Roxana Barbieri, Secretaria Legislativa y Administrativa del Concejo, por el término de 90 días corridos a partir de la promulgación de la ordenanza.