Los vecinos de San Miguel de Tucumán recibirán la próxima semana una noticia mala y otra buena. La mala es que el Concejo Deliberante autorizará un incremento en el precio del boleto urbano de ómnibus que, tal como viene informando EL SIGLO, será 30 centavos más caro y pasará a costar 2 pesos, pese a que los empresarios solicitaron elevarlo a 2,62 pesos, de acuerdo a un estudio de costos.

La buena noticia es que ese será, al menos por ahora, el único incremento en el transporte de pasajeros, puesto que está decidido el rechazo del cuerpo deliberativo al pedido formulado por la Asociación de Conductores de Taxis (ACT) para incrementar el valor del servicio.

Así lo anticiparon a este diario el presidente del Concejo, Ramón Santiago Cano, y la edil Teresa Felipe de Heredia, titular de la Comisión de Transporte, que es la encargada de evaluar los pedidos de la Asociación de Empresas del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y de la entidad que representa a los taxistas.

Como se recordará, a mediados de esta semana, luego de conocerse el planteo de las líneas de ómnibus, la ACT presentó una nota al Concejo reclamando subir de 2,50 a 3 pesos la bajada de bandera e incrementar de los actuales 0,18 centavos a 0,25 centavos el valor de la ficha que se cobra por cada 100 metros recorridos.

No a los taxistas

"El reclamo de los taxistas no será apoyado por el Concejo, porque hace tan sólo cuatro meses, en marzo, se otorgó un incremento del servicio", sostuvo Cano, en forma tajante, a la hora de justificar el rechazo al planteo del sector taximetrero.

En cambio, el titular del cuerpo capitalino opinó que "es necesario reajustar el valor del servicio de ómnibus, teniendo en cuenta el fuerte incremento en los costos operativos que soportaron las empresas en el último año, con los aumentos de sueldos al personal y la suba en el valor de las unidades, combustibles y repuestos".

No obstante, Cano aclaró que "el valor del cospel a 2.62, como fija el estudio de costo que han presentado las empresas es imposible de otorgar, porque es una cifra excesiva que está fuera del alcance de los usuarios".

El concejal oficialista confirmó que este lunes "definirá la comisión (de Transporte) cuál es el monto más adecuado para no afectar tanto el bolsillo de los vecinos, para ver si el tema ingresa en el orden del día de la sesión que se haría el próximo miércoles o jueves. Lo que sí existe es consenso para acompañar el pedido de las empresas, que necesitan tener ingresos para seguir funcionando", enfatizó.

Sí a las empresas de ómnibus

Por su parte, la también justicialista Felipe de Heredia, también recordó que "los taxis tuvieron un aumento en marzo y deben esperar un poco".

La concejala dijo que "si bien el reclamo es atendible por la inflación, los costos y los aumentos de salarios, no se puede cargar aún más los costos sobre los usuarios cuando ya se otorgó un aumento hace muy poco tiempo. También hay que tener en cuenta la situación de los vecinos y este planteo deberá esperar un tiempo porque actualmente no están dadas las condiciones para disponer otro aumento en el servicio de taxis", recalcó.

En cuanto al pedido de AETAT para subir el precio del cospel, Felipe de Heredia coincidió con su par Cano en que "el pedido de 2,62 por el valor del cospel que determina el estudio de costos que presentaron las empresas es imposible de otorgar, porque los usuarios no están en condiciones de pagar semejante precio. Seguramente cuando se reúna de nuevo la comisión (mañana) vamos a estudiar otras alternativas más viables", acotó.

Sin embargo, opinó que "está bien fijar un aumento en el boleto mínimo, teniendo en cuenta que hace un año está la misma tarifa de 1,70".

A la hora de justificar su postura, la edil peronista adujo que "las empresas dicen que les es imposible continuar prestando el servicio bajo las actuales condiciones, debido a los encarecimientos en los costos operativos, el valor de las unidades, el combustible, cubiertas y los repuestos, por lo que es necesario adoptar una decisión para sostener el funcionamiento del servicio".

Sobre el mismo punto, Felipe de Heredia recordó que "para poder prestar el servicio las empresas también tienen que cumplir con la obligatoriedad de tener un cupo determinado de unidades nuevas y rampas para discapacitados, lo cual las obliga a realizar inversiones. También hay que tener en cuenta esta situación, que hace que el servicio está mejorando", agregó.

Finalmente, la representante capitalina admitió que "no es nada fácil adoptar este tipo de decisiones, que desgraciadamente hay que adoptar para mantener un buen servicio de transporte para los vecinos. Nosotros, que tenemos contacto permanente con la gente, sabemos que los aumentos de precios afectan a la familia, pero a veces hay que tomar este tipo de medidas para garantizar un buen funcionamiento de los servicios", insistió.