$ 20.000 sería el costo estimado de la indemnización que el Concejo abonaría a los empleados que quedarían cesantes.

Luego de la última sesión del Concejo de Santo Tomé surgieron versiones disímiles sobre dos temas: uno referido al reclamo de una edil en funciones y el segundo con mandato cumplido, por supuestos adicionales adeudados. Y la otra cuestión abordada fue la reducción de personal del legislativo local.

El primero tiene su origen hace, aproximadamente, un mes y fue planteado por la concejal Virginia Toledo y el ex edil, Jorge Amuedo, ambos del ARI, que enviaron cartas documento al Concejo reclamando dinero que consideran les deben.

“Toledo pide el pago de adicionales por su cargo como vicepresidenta primera en el 2007 y vice segunda en el 2008. Mientras que Amuedo, por ser presidente de una comisión en el 2010. Son adicionales que se abonaban en su momento -cuando yo no ocupaba una banca- y que se dejaron de pagar porque el Concejo se declaró en emergencia económica”, dijo el presidente del cuerpo deliberativo, Miguel Arismendi, al ser consultado por El Litoral.

Tras lo cual aclaró que “ese estado aún persiste porque no existe una nueva ordenanza que lo derogue”.

No obstante, Arismendi indicó que “tras la reforma de la Carta Orgánica se eliminaron hasta las dietas, así que menos aún regirán los adicionales”.

Precisamente, con esos argumentos, la mayoría de los ediles habían rechazado el planteo de Toledo y Amuedo.

Pero ellos volvieron a insistir porque consideran que les corresponde cobrar el adicional y enviaron, el pasado martes, una nueva carta documento. “En esta oportunidad, el asesor legal del Concejo nos recomendó que se vuelva a rechazar el reclamo por improcedente. Y eso se hizo, es más el miércoles ya se les contestó”, aseveró Arismendi.

En tanto que al ser consultado sobre los cuestionamientos que surgieron por la reducción de personal dentro del legislativo local y que tuvieron eco en medios de prensa locales, Arismendi dijo: “En realidad se trata de planteos políticos por parte de algunos concejales porque inclusive yo hablé hoy con las dos personas que pasamos a disponibilidad”.

De acuerdo a lo expresado por el presidente del Concejo, “la Carta Orgánica, luego de ser reformada, fijó que el personal administrativo no puede superar un tercio del número de concejales. Antes nosotros éramos 13 y había cuatro empleados, pero ahora se redujo a nueve el número de bancas por lo cual debemos eliminar dos puestos, caso contrario, estaríamos violando la normativa”.

Por eso Arismendi consideró que “una vez que se cumplan los 30 días de su disponibilidad, deberán dejar el cargo que ocupan, uno en el área de prensa y el se desempeña como auxiliar.

Por supuesto que se le pagará la indemnización correspondiente”.