El intendente de San Luis, Enrique Ponce, no podrá disfrutar de las facultades especiales que tenía planeadas para el año próximo. El Concejo Deliberante se encargó de ponerle freno al creciente movimiento de partidas, a la posibilidad de tomar créditos sin necesidad de ser autorizado por el legislativo, al pago de los alquileres a los funcionarios foráneos y a la creación de un instituto municipal de la vivienda, que tenía asignado 7 millones de pesos, pero exclusivamente para su funcionamiento. El jefe comunal se encontrará con todas esas modificaciones cuando reciba el presupuesto 2013, que ayer fue aprobado por amplia mayoría.

Fueron casi dos horas y media de debate en los que el bloque opositor y mayoritario, Compromiso Federal, mostró su voluntad y puso los votos para que la Municipalidad cuente con su herramienta económica madre, pese a todos los cuestionamientos y correcciones efectuadas, como la incorporación de los ingresos por el estacionamiento medido, que no habían sido tenidos en cuenta en el proyecto original. Al punto, que el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Fernando Salino, lo calificó como “un presupuesto técnicamente pobre” y reconoció que “en conjunto lo hemos tratado de mejorar y subsanar”.

El edil fue el primero en criticar que más del 70 por ciento de los 262.566.564 pesos proyectados para el año que viene irán a parar a gastos corrientes (funcionamiento, sueldos y viáticos), una cifra que rompe con los ejercicios equilibrados de los últimos años. Luego se sumó el radical Francisco Guiñazú, quien consideró que destinar un 30 por ciento a obras es muy poco “para una ciudad vieja que necesita de mucha inversión en infraestructura”.

Pese al alineamiento del gobierno municipal con el nacional, Salino reveló que los fondos nacionales solo representarán el 12,20 por ciento de los ingresos previstos por la Comuna. Y aseguró que no está proyectada la construcción de ninguna vivienda para el año próximo. “No es una interpretación nuestra, es lo que dice el presupuesto”, sostuvo para sepultar uno de los “caballitos” electorales del intendente. Su argumento se tomó para suprimir el Instituto Municipal de la Vivienda, un órgano descentralizado que el Ejecutivo anunciaba como novedad para el 2013. El otro motivo fue que todo el dinero que le habían destinado era para generar más burocracia. “Esto lo reconocieron los secretarios que vinieron acá a explicar el presupuesto”, dijo sobre un concepto que también compartió Raúl Laborda, del bloque Frente para la Victoria.

Como la eliminación del instituto significaba dejar libres 7.148.284 pesos, la posición de Compromiso Federal fue redireccionarlos para que el Ejecutivo haga obras. “Con esa cifra podrían hacer 35 casas y habilitar el barrio ‘vencimos a la burocracia’”, ironizó. En cambio, Laborda propuso utilizar ese dinero en un incremento de sueldo para empleados del Municipio, del Concejo y del personal que cobra Ayudas Económicas, una sugerencia que encontró oposición en el bloque mayoritario. “Un aumento de salario genera expectativa, pero no se puede pagar un mes y después dejar de pagarlo”, replicó el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Movimiento de partidas. Otro de los puntos que generó discusión fue la facultad de la Intendencia para mover partidas y cuál es el porcentaje adecuado. Salino recordó que cuando aprobaron el presupuesto actual, la voluntad de la mayoría era ir disminuyendo la porción para las transferencias. Por eso justificó el dictamen de la comisión de bajar al 20 por ciento el 40 pretendido por Ponce. Y admitió las consecuencias de que ese número no pare de crecer. “En este presupuesto estamos aprobando varias obras que estaban contempladas en el año anterior, pero que no se hicieron por cambio de partidas”, reconoció.

Laborda asumió una postura extrema. Pidió reducir a cero esa posibilidad de la Comuna y sugirió como alternativa que cada vez que el intendente necesite sacar plata de un lado para gastar en otra cosa debería pedirlo por escrito al Concejo. En cambio, el poncista Néstor Menéndez defendió el porcentual original porque consideró que permite afrontar “las situaciones cambiantes de la economía” aunque cuando vio que su idea no cosechaba adeptos, elevó la moción de mantenerlo en el 30 por ciento.

Más puntos de coincidencia generó la eliminación del artículo que le daba vía libre al intendente para endeudarse sin previo paso por el Concejo. Allí Salino, Laborda y hasta Guiñazú alzaron la voz a favor de respetar las exigencias de la Carta Orgánica y también de la Constitución Provincial. “No vaya ser que después nos encontremos con fondos buitres”, avisó el verborrágico ex diputado provincial.