La iniciativa fue de la concejala Cecilia Rogié (Frepam). En rigor, se ratificó así la Disposición 1/2011.

Pidieron "la revisión, para su posterior derogación, modificación o ratificación de toda la normativa municipal puesta en vigencia entre los años 1976 y 1983, durante la última dictadura militar, como así también aquella concebida en gobierno de facto anteriores a este período". Dieron un plazo de 180 días.