La rendición de cuenta de febrero de este año, fue aprobada solo por el oficialismo, ya que Francisco Tineo, Norma Guaraglia y Patricia Testa (Silvia Ramos no estuvo presente en la sesión), votaron en forma negativa, sin explicaciones ni fotografías.

Las del primer mes del año, no fueron aprobadas por Obiols y Tineo, pero si por Testa, que fue motivo de sonrisas por parte de todos los concejales, ya que en muy rara sesión se dio que la concejal del Frepam acompañe al oficialismo en este tipo de votaciones.

Otro punto que se aprobó por unanimidad fue la solicitud de provisión de infraestructura de gas natural en el sector comprendido por la Ruta Provincial número 1-calle 32-calles 500 y prolongación de la calle 43. La partida de dinero para la obra estará a cargo del municipio y del Ministerio de la Producción, ya que en cercanías de se instalaría una empresa.

Otro proyecto aprobado por unanimidad refiere al tránsito a los elementos electrónicos e informáticos que se utilizan como comprobación de infracciones.

En esta ordenanza se detalla que “lo que se quiere lograr es reforzar el procedimiento establecido en el Código de Faltas respecto del labrado del acta de infracción, del contenido y del momento de la notificación de la misma, no adentrándonos así al respecto de los elementos que pudiera disponer el Departamento Ejecutivo Municipal para la detección de las faltas correspondientes, ya que se encuentran autorizadas mediante el dictado de la Ordenanza Municipal 7/98 y promulgada mediante Resolución Municipal 740/98”.

“Que La leyes que nos regulan deben ir adecuándose a los nuevos elementos informáticos-cámaras de fotos, cámaras filmadoras, cinemómetros (radar), decibelímetros, etc)”.

La ordenanza agrega “que la documentación obtenida (por ejemplo una foto) del sistema utilizado obviamente no es idéntica al sistema de comprobación por personas físicas, pero esto no significa que vulnere el derecho de defensa de los presuntos infractores, que podrán esgrimir, ofrecer y producir todos los medios probatorios con los que cuenten”.

Todos esos datos obtenidos por los medios informáticos “se volcarán a una base de datos que depende del Departamento de Tránsito, para que los agentes encargados de revisar el material obtenido, proceda a notificar al presunto infractor, debiendo hacerse todo ese procedimiento en un plazo no mayor a 10 días”.

Además, en la Ordenanza aclara los requisitos que deben cumplir dichos medios tecnológicos y asegura que el reglamento es complementario y accesorio de la Ley Nacional de Tránsito, del Código de Faltas y/o cualquier otra normativa relativa a la materia.