Con ribetes más propios de lo que pudiera ser una charla en comisiones que de planteos sustantivos en el recinto, las argumentaciones no alcanzaron a hilar proyección o propuesta. La UCR pidió la declaración de emergencia para poder gestionar fondos, pero fue enviada a comisión “para analizarla en profundidad”.

Un minuto de silencio por el cabo Nelson Godoy y las condolencias públicas para su esposa Rocío y su hijo Valentín dieron inicio a una sesión que vertebrada en el homenaje al policía asesinado y su bonhomía, solo dejó un puñado de buenas intenciones, bajo el recurrente fundamento de que “los concejales estamos limitados para algunas cuestiones”.

Es así que los únicos proyectos tangibles que apuntan a tal sentido implican solo nuevas conversaciones, ya que se sancionaron dos proyectos del FpV, uno solicitando al Ejecutivo Provincial la información vinculada prevención y seguridad, la instrumentación de cámaras de seguridad, cuáles son las compras del semestre en materiales y equipamiento para la policía, entre otros puntos.

La segunda iniciativa apunta a solicitar a las autoridades provinciales (ministro de Gobierno, diputados provinciales y nacionales y senadores) que concurran al Concejo en forma urgente, para “ocuparnos” en temas que aquejan a la ciudad.

Aunque desde la UCR se presentó sobre tablas el proyecto declarando la emergencia en seguridad en la ciudad, con la pretensión de aprobarlo de modo inmediato, el mismo fue derivado a comisiones a moción de Viviana Almirón (PJ- MCh), para analizarlo en profundidad junto con el plan de seguridad participativa realizado por el Consejo Municipal tres años antes, que pidió reflotar. Desde su misma bancada fue echado por tierra sin embargo por Alicia Dubreuil, quien dijo que trabajó de cerca en el mismo y que es impracticable sin disponibilidad de fondos.

Los concejales dedicaron dos horas a la discusión por la inseguridad, llegando incluso a los recurrentes posicionamientos de revisar la historia reciente para buscar responsabilidades en los mandatos provinciales de Mario Das Neves, José Luis Lizurume o Carlos Maestro, según quien fuera el interlocutor.

Pablo Martínez (UCR) fue quien introdujo la problemática, con llamados de atención que plantea en cada una de las sesiones: recordó que suman 23 los homicidios, que el presupuesto para la seguridad es de menos del 6% de los recursos provinciales y que muy lejos está la ciudad de alcanzar las estadísticas de la ONU que recomiendan 280 policías por cada 100.000 habitantes.

Mario Soto (FpV) se plegó al reclamo apuntando la necesidad de convocar a todos los actores políticos para abordar la problemática en conjunto, y que lleven además la preocupación a la Presidente, aclarando que la ciudad “está conducida como corresponde” pero que para defenderla del alto grado de inseguridad actual no alcanzan los fondos disponibles.

Nuevamente la UCR, esta vez en la voz de José Gaspar, reiteró que la ciudad suma 23 homicidios en 29 semanas transcurridas de 2012, y más de tres atracos o robos diarios, y sostuvo que hay que dejar de tirar las responsabilidades al Poder Judicial, ya que cuando se llega a tal instancia el delito ya está cometido, presentando sobre tablas el pedido de declaración de emergencia en seguridad, aunque como se indicó, el proyecto fue enviado a comisiones.

PAE Y CONTRATADOS

Los concejales reprocharon también falta de responsabilidad social empresaria a Pan American por el juicio contra el estado provincial por el “Fondo especial para los usuarios carenciados de servicios de energía eléctrica”, tema por el que Viviana Navarro volvió a pedirles que se retiren de la provincia, y José Gaspar añadió que tal querella ya estaba en marcha en el momento que se firmó la renegociación del contrato.

En otro orden, se aprobó por unanimidad la creación de la planta transitoria municipal, que con carácter de “excepcional” absorberá al personal contratado, dando la posibilidad de acceder por concurso a la planta permanente y regularizando la precaria situación laboral de cerca de 600 agentes. Se incorporaran primero los 300 contratados hasta diciembre de 2010 y los restantes luego, en la medida que se vayan generando las vacantes. El proyecto será reglamentado por el Poder Ejecutivo, la incorporación a planta será efectiva desde el 1 de agosto, y el personal cobrará la misma remuneración que en la actualidad, ya que las sumas correspondientes a los descuentos de ley serán absorbidas por el ejecutivo. Durante la próxima sesión se dará aprobación a la ampliación presupuestaria que admite la partida de la planta transitoria.