A saber, el aumento en el boleto del transporte público de pasajeros, que ya rige desde el 1 de enero de 2012 y que no ha tenido, no obstante, un reflejo positivo en la mejora de la prestación del servicio. En promedio -y tal como lo reflejó este diario- son 25 los minutos que tiene que esperar un pasajero para poder tomar un colectivo, la mayoría de las veces bajo el calor abrazador del verano riojano que -como no puede ser de otra manera- no afloja.

Sin embargo, no fue de esto de lo que se habló en la sesión extraordinaria del pasado jueves, cuando los ediles capitalinos decidieron salir con los tampones de punta contra el Tribunal Superior de Justicia, en el marco de la suspensión de los efectos de la ordenanza 4844 del Código de Nocturnidad. Lo que está en juego aquí no es el horario de entrada o de salida a un boliche, sino el horario de apertura y cierre de los casinos que pululan en esta Capital -especialmente en la zona céntrica- y que, en buena hora, se han convertido en tema de debate en un recinto como el Santo Tomás Moro, en donde problematícas como la ludopatía fue siempre esquiva.

El argumento de los concejales, ante una decisión de TSJ a favor de una de las empresas que explota uno de los casinos que funciona frente a la plaza principal, fue manifestarse a favor de proteger el interés general, la salud pública y el bienestar de los vecinos de la Capital -los ediles parecen haber acusado recibo, al fin, de la tarea que desempeñan-; pero, se sabe, lo que está en juego es, por sobre todas las cosas, una cuestión de jurisdicciones y potestades que va mucho más allá del aparente interés por la salud mental de los vecinos de la Capital que conviven con los casinos desde hace ya mucho tiempo.

Y lo que se sabe más aún es que el objetivo de los concejales (sobre todo de los afines al oficialismo) es que dicha jurisdicción y potestad no escape al municipio capitalino, tal como lo determinó con su fallo el TSJ, al darle esa “competencia exclusiva” a la Administración de Juegos de Azar (Ajalar), perteneciente al Gobierno provincial, dejando así en suspenso la ordenanza municipal.

La defensa a ultranza de la mencionada norma por parte de los concejales, se hizo sentir con fuerza en una sesión que alcanzó holgadamente el quórum (13 sobre 15), pero que dejó flotando en el aire la sensación de que se quiere hacer uso de una enfermedad tan delicada como la ludopatía (de la que nada se habló hasta este momento), para no dar lugar a los debidos tiempos y plazos procesales que tiene el TSJ para resolver el amparo en cuestión.

Y en este sentido, aparece como poco menos que insólito que los concejales afirmen que el Tribunal Superior de Justicia se inmiscuye en su tarea, cuando es bien sabido que en un Estado de Derecho corresponde al Poder Judicial interpretar las normas, más allá que se trate del Concejo Deliberante Capitalino o de AJALAR quien lleve adelante el control -en este caso- sobre los casinos que, sin lugar a dudas, deben ser controlados.

¿Acaso pretenden los ediles no sujetarse a control jurisdiccional alguno? Cabe la pregunta, en tanto y en cuanto el sistema constitucional argentino así lo dispone y deberían ser los concejales los primeros en educar con el ejemplo. El poder está sometido a normas jurídicas preestablecidas y en este tipo de organización, las personas obedecen a los principios y a las leyes, antes que a los funcionarios. El poder político solo puede expresarse a través de actos sometidos a las reglas, que no dependen únicamente del propio poder. Los gobernantes y los legisladores de toda clase son esclavos de las leyes, para evitar que los ciudadanos sean esclavos de los poderosos.

De no ser así, o más aún: si fuera como lo pretenden los ediles capitalinos y el TSJ dejara de ejercer el control jurisdiccional sobre lo que el Concejo dictamine, todos los ciudadanos quedaríamos, en definitiva, a merced de sus caprichos (algo que, en rigor de verdad, ocurre bastante a menudo). A nadie puede escapar, mucho menos a quienes ocupan sus bancas en el Concejo Deliberante Capitalino, que el único soberano es el pueblo, que en base a dicha soberanía instituyó un régimen constitucional, según el cual corresponde al TSJ controlar las normas que dicta el Concejo Deliberante, entre otros.

Y si lo que se va a plantear es un tema tan delicado como el de la ludopatía, es de esperar que el tratamiento del mismo esté recubierto de la seriedad que amerita, teniendo en cuenta las consecuencias que dicha enfermedad ocasiona en quien la padece y en sus vínculos más cercanos, y no se trate -como aparenta-, de una discusión oportunista ante lo que se evidencia como una pelea por mezquinos intereses. Si así fuera, alguien debería decir…No va más!