“Ya se ha elevado la documentación al Tribunal de Cuentas y a la Asesoría General de Gobierno. Ahora vamos a esperar que estos organismos hagan sus respectivos dictámenes, y luego de eso el Concejo en comisión analizará caso por caso todas las situaciones”, comentó.

Explicó que armar la documentación fue un trabajo muy complejo, ya que es la primera vez que se presenta esta situación en el Concejo Deliberante y no había ningún tipo de experiencia en estas cuestiones.

El material enviado a los dos organismos antes mencionados fue el de los nueve concejales cuestionados: Jorge Negri, Néstor Salazar, Alejandro Armendáriz, Cristina Labernia, Mari Robles y Marcelo Tomatti por el radicalismo; por Unión PRO Ricardo Lissalde y Beatriz Dalmazo, y por el Frente para la Victoria Estela Dortona.

Con respecto a si en la provincia han existido casos similares Armendáriz dijo que “hay muchos dictámenes del Tribunal de Cuentas y de la Asesoría. Lo que pasa es que a veces es difícil plantear la similitud de los casos, pero habrá que ver qué dictaminan en estos casos específicos”.

Si bien sobre la ley orgánica de las municipalidades el Concejo no puede establecer modificaciones porque no es una competencia suya, desde el órgano legislativo se va a modificar el reglamento interno para dejar algún tipo de norma establecida para que esto se tenga en cuenta al momento de asumir, para que no vuelvan a suceder este tipo de cuestiones.

Cuando se le preguntó si esta situación ha desanimado a los concejales para seguir presentando proyectos como lo venían haciendo, el presidente del Concejo Deliberante dijo: “No creo que haya desanimado, pero lógicamente no fue la mejor situación ni la mejor atmosfera. Pero esperemos poder superar esta situación para poner a trabajar al Concejo fuertemente”.