Buezas indicó que uno de los puntos del proyecto se refiere a la comercialización y teniendo en cuenta que el Honorable Concejo Deliberante pidió dictámenes a diferentes organismos, que “estuvieron en las reuniones pero que no aportaron nada en las reuniones”, saben que el Colegio de Abogados trata de inconstitucional a casi toda la norma.

“En los temas de índole público hay que ver desde donde miramos y qué derecho privilegiamos. Entonces es muy sencillo ponerse del lado del particular comerciante para poder atacar de inconstitucional una norma que restringe la libertad de comerciar o pone ciertas pautas para comerciar cierto tipo de vehículos. Y por otro lado estamos nosotros que el bien que queremos proteger es la vida de la gente”, afirmó el funcionario.

“El Concejo Deliberante va a determinar cual es el bien a proteger, si lo que le interesa es la sencillez a la hora de vender los ciclomotores, con lo que estaría atendiendo a la libertad de comercio, o si lo que realmente le interesa es defender la vida y la integridad física de las personas. Esas son las dos cosas que están en juego”, afirmó Buezas.