El proyecto corresponde a una iniciativa de la edil del Frente para la Victoria Viviana Navarro, que ayer propició una reunión de trabajo en el Concejo Deliberante, de la que participó gran parte de la comisión de receso y el delegado de la oficina local de Migraciones, Julio Bonzani.

Según explicó, cuando los inmigrantes extranjeros inician su trámite de radicación en la ciudad o se les requiere el domicilio de residencia, argumentan por ejemplo que habitan en la extensión del barrio Abel Amaya, un sector amplio sobre el que muchas veces no se puede precisar calle o numeración, y estos domicilios inciertos son los que en la mayoría de los casos encubren una situación de ocupación ilegal o desembocan en ella.

Navarro expuso entonces que la mecánica de control a la que se apunta consiste en la implementación de un certificado de domicilio expedido por la Municipalidad como uno más de los requisitos que Migraciones deberá solicitar para tramitar la radicación en Comodoro.

En ese marco, la edil explicó que, en la actualidad, la delegación nacional realiza tal constatación en los casos de extranjeras que contraen matrimonio. La variante que se busca introducir implica que el área municipal de Catastro confirme el domicilio legal, evitando fomentar situaciones que desemboquen en ocupación ilegal y conexión irregular a los servicios públicos.

La concejal explicó que las conversaciones con Bonzani abarcaron otros aspectos de las condiciones de los extranjeros que llegan a radicarse a Comodoro y que, bajo la premisa de ordenamiento de la ciudad, se concentraron en aspectos vinculados a la inseguridad. Bajo tales parámetros, dijo que el delegado informó que rige la mecánica de expulsión para los extranjeros procesados por algún delito.

ANALISIS

El proyecto demandará aun varias semanas de análisis y reuniones con los funcionarios de Tierras –Liliana García y Alberto Parada– para determinar los detalles de implementación del certificado, y se trabajará además con el secretario de Seguridad del municipio, Carlos Marsó, para analizar cuántos delitos son cometidos en la ciudad por gente no radicada o con tramite iniciado pero sin concluir, y evaluar la mecánica a seguir en tales casos.

“Hay que terminar de delinear el proyecto, porque no queremos darle al Ejecutivo una norma que después no va a poder implementar. Tenemos que armarlo de modo integral y acordar los instrumentos con todos los actores intervinientes para ajustar una norma que será muy importante a la hora de evitar asentamientos irregulares y usurpaciones”, subrayó Navarro.

Agregó que la medida no pretende violentar ninguna norma nacional ni de migraciones, o contradecir el preámbulo de la Constitución Nacional y mucho menos instalar una posición xenófoba, pero sostuvo que muchos de los problemas de ordenamiento territorial en la ciudad tienen origen justamente en la falta de normativa que permita instaurar este tipo de controles, por lo que se trata simplemente de ordenar el ingreso de nuevos habitantes a la ciudad.

En cuanto a las situaciones de quienes llegan desde otras provincias o ciudades del país, que forman parte también de las listas de usurpadores, Navarro advirtió que se trata de normativa de control de ingreso más difícil de implementar al tratarse de argentinos circulando dentro de su propio país. Sostuvo en este caso que una de las herramientas con la que se necesita contar es que las empresas se hagan cargo de la responsabilidad social y desistan de contratar foráneos cuando la ciudad cuenta con mano de obra igualmente calificada.